010205El Centro para los Derechos Económicos y Sociales (CESR, por sus siglas en inglés) acaba de publicar el informe “Política Fiscal y Derechos Humanos en las Américas. Movilizar los recursos para garantizar los derechos”, que fue preparado con ocasión de la Audiencia Temática sobre Política Fiscal y Derechos Humanos, 156° Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Washington D.C., Octubre de 2015.

El texto aborda la problemática que atraviesan la mayoría de países de la región que a pesar de haber vivido un período de crecimiento económico sostenido no supieron usar esta bonanza para combatir y reducir los problemas que afectan a gran parte de sus poblaciones, como la pobreza, la desigualdad, así como la violación sistemática de los derechos humanos.

La introducción del informe lo resumen de la siguiente forma:

América Latina y el Caribe sigue siendo la región más desigual del mundo, con una marcada brecha de desigualdad económica que refuerza las desigualdades sociales y de género existentes. 165 millones de personas en la región son pobres, de los cuales 69 millones viven en pobreza extrema; en Estados Unidos en el año 2013 la pobreza fue de 14.5%; mientras que en Canadá, en el año 2011 alcanzaban el 12.9%.

Las políticas fiscales -de carácter predominantemente regresivo con una carga impositiva baja y una estructura tributaria desequilibrada y sesgada hacia los impuestos indirectos- no han logrado corregir estos problemas estructurales. Si bien existe algunas buenas prácticas, son muchos los casos en los que las políticas fiscales y tributarias han profundizado estas desigualdades y empobrecido aún más a la población.

Los argumentos y la evidencia expuestos en el presente documento proponen de manera urgente alinear la política fiscal con los principios de derechos humanos para asegurar la disponibilidad de los recursos públicos suficientes, efectivos y sostenibles para la realización de los derechos. La rendición de cuentas de los estados respecto al uso de los recursos en general, y en particular sobre sus políticas fiscales, pueden contribuir a la prevención de las violaciones sistemáticas de los derechos civiles y políticos y a la corrección de las violaciones estructurales de los económicos y sociales.

Los invitamos a leer el informe en el siguiente enlace:

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