010205El Centro para los Derechos Económicos y Sociales (CESR, por sus siglas en inglés) acaba de publicar el informe “Política Fiscal y Derechos Humanos en las Américas. Movilizar los recursos para garantizar los derechos”, que fue preparado con ocasión de la Audiencia Temática sobre Política Fiscal y Derechos Humanos, 156° Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Washington D.C., Octubre de 2015.

Los invitamos a leer el informe en el siguiente enlace

El texto aborda la problemática que atraviesan la mayoría de países de la región que a pesar de haber vivido un período de crecimiento económico sostenido no supieron usar esta bonanza para combatir y reducir los problemas que afectan a gran parte de sus poblaciones, como la pobreza, la desigualdad, así como la violación sistemática de los derechos humanos.

La introducción del informe lo resumen de la siguiente forma:

América Latina y el Caribe sigue siendo la región más desigual del mundo, con una marcada brecha de desigualdad económica que refuerza las desigualdades sociales y de género existentes. 165 millones de personas en la región son pobres, de los cuales 69 millones viven en pobreza extrema; en Estados Unidos en el año 2013 la pobreza fue de 14.5%; mientras que en Canadá, en el año 2011 alcanzaban el 12.9%.

Las políticas fiscales -de carácter predominantemente regresivo con una carga impositiva baja y una estructura tributaria desequilibrada y sesgada hacia los impuestos indirectos- no han logrado corregir estos problemas estructurales. Si bien existe algunas buenas prácticas, son muchos los casos en los que las políticas fiscales y tributarias han profundizado estas desigualdades y empobrecido aún más a la población.

Los argumentos y la evidencia expuestos en el presente documento proponen de manera urgente alinear la política fiscal con los principios de derechos humanos para asegurar la disponibilidad de los recursos públicos suficientes, efectivos y sostenibles para la realización de los derechos. La rendición de cuentas de los estados respecto al uso de los recursos en general, y en particular sobre sus políticas fiscales, pueden contribuir a la prevención de las violaciones sistemáticas de los derechos civiles y políticos y a la corrección de las violaciones estructurales de los económicos y sociales.