En los últimos días se ha colocado en la agenda de la opinión pública la discusión sobre la reforma del sistema de pensiones. Diferentes sectores, entre los que se encuentran voceros de los partidos políticos, organizaciones sindicales, tanques de pensamiento y analistas, entre otros, abordan el tema desde diferentes perspectivas, tratando de dar luz a la ciudadanía sobre un tema que desde el inicio se presenta complejo —por la dimensión legal, económica y social que engloba— y sensible, ya que se trata de hablar del destino de las cotizaciones que los trabajadores han aportado a lo largo de su vida laboral bajo el Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP), como también del monto de la pensión que reciben los jubilados o la que eventualmente recibirán en el futuro los cotizantes actuales.

PENSION-EN-MEXICOLas diferentes intervenciones de los conocedores del tema en los medios de comunicación apuntan hacia la necesidad de una reforma del sistema actual de pensiones. Un gran número de ellos, con los matices que esto supone, reconocen el problema de la baja cobertura —solo uno de cada cuatro trabajadores cotiza para tener derecho en el futuro a una pensión—, la baja rentabilidad del ahorro de los pensionados —alrededor del 80% de los ahorros de los trabajadores han sido prestados al gobierno y un poco más del 50% ganan una tasa de interés baja—, y los problemas de suficiencia que están relacionados a que las pensiones que proporciona el sistema actual, en su mayoría, son de un monto bastante bajo y resulta insuficiente para proporcionar un ingreso adecuado a las personas en vejez.

Entre tanta discusión es pertinente tener presente dos aspectos adicionales, que si bien ya han sido destacados por algunos conocedores del tema, no se les ha dado aún el énfasis adecuado. Estos aspectos son la equidad, por un lado, y, el de la sostenibilidad fiscal, por otro. El primero alude al trato igualitario que debería tener cada persona que después de haber trabajado y cotizado, procede a iniciar su proceso de jubilación. El segundo se refiere al impacto que tienen las modificaciones al sistema de pensiones sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. Son aspectos que en la práctica están entrelazados, pero para fines explicativos dividimos en las siguientes líneas.

Cuando se aprobó la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones en 1996, conformó una serie de grupos de trabajadores en virtud de cerrar el sistema antiguo (Sistema Público de Pensiones) y traspasar a una parte de la población trabajadora hacia el nuevo sistema. Así, pues, en función de su edad, hombres y mujeres fueron obligados a quedarse o pasar al sistema público o sistema de ahorro de pensiones, respectivamente; éstos se conocen como los “obligados”. Hubo otros con más suerte, ya que podían optar libremente entre permanecer en el sistema público o pasar al nuevo sistema; éste es el grupo que se conoce con el nombre de los “optados”. Finalmente, se conformaron cinco grupos constituidos por trabajadores obligados y optados en el sistema público, como también en el nuevo sistema de ahorro privado, más un grupo adicional que serían los nuevos obligados a cotizar al SAP que era la gente que se incorporaba por primera vez en el mercado laboral a partir de 1998.

En los años 2003 y 2006 se realizaron reformas orientadas a beneficiar particularmente al grupo de personas que optó por pasarse del sistema público al sistema de ahorro de pensiones. Este grupo que decidió pasarse al nuevo sistema notó que al jubilarse su pensión sería menor con respecto a la que hubieran recibido en el sistema público. La Asamblea Legislativa les concedió la posibilidad de acceder una mejor pensión mediante reformas a la Ley SAP. Actualmente, ese grupo tiene derecho a una pensión muy cercana a la que hubieran recibido si se hubieran quedado en el sistema público, aun cuando la ley inicial no estaba contemplada de esa manera. Es importante destacar que esto constituyó una modificación sustancial a ley original que se aprobó en 1996, gracias a la cual ese grupo de personas cuando se jubile tendrá un tratamiento preferencial con respecto al resto de trabajadores cotizantes al SAP. Ese beneficio particular a favor de ese grupo, conocido como el nombre de los “optados”, tiene como contrapartida un fuerte endeudamiento por parte del gobierno, que según estimaciones, podría arribar a los US$ 7,700 millones, representando casi una tercera parte del déficit actuarial total del sistema de pensiones que es de US$ 24 mil millones.

El problema de la inequidad estriba que el Estado se endeudará para pagarles unos beneficios que anteriormente no estaban reconocidos, pero acosta de que en el futuro ese endeudamiento lo paguemos todos los contribuyentes mediante el pago de nuestros impuestos. Esto último concatena el tema de pensiones con el tema fiscal, específicamente la naturaleza del sistema tributario. Debido a que nuestro sistema tributario descansa en mayor parte en impuestos indirectos, es previsible que esos beneficios al grupo de los optados sean financiados en su mayoría con el pago de impuesto de las personas de más bajos recursos. Por otra parte, para aquellos que conforman parte de ese grupo y ya están pensionados, el gobierno no tiene recursos propios para financiar su mejor pensión, por lo cual el Estado actualmente presta recursos del fondo de pensiones —que son los ahorros de los trabajadores— a una tasa de interés baja, que se traducirá, a la postre en una baja pensión de los cotizantes actuales y pensionados del futuro que están fuera de ese grupo.

Otro problema está constituido por la presión que generará en el futuro el pago del servicio de la deuda previsional. Desde el año 2006 hasta la fecha, el gobierno ha recurrido al fondo de pensiones para financiar el pago de las pensiones de los jubilados del sistema antiguo mediante la emisión de Certificados de Inversión Previsional (CIP A). Las emisiones han arribado en los últimos años a $500 millones, y se proyecta que en la medida que se continúen jubilando más personas que cotizan al sistema antiguo, estas emisiones aumenten más cada año, por lo que el pago del servicio de esa deuda irá representando una mayor proporción del presupuesto de la nación.

Según las estimaciones efectuadas, ya en 2019, el pago del servicio de la deuda por pensiones podría rondar el 5% del presupuesto, y si no se hace una modificación adecuada, podría llegar a un 7% del presupuesto en 2023. Es importante destacar que no es el pago del servicio de la deuda por el funcionamiento del gobierno, sino solamente por pensiones, lo cual hace más preocupante el asunto, pues al consolidar los dos pagos, la presión sobre el presupuesto sería mayor y podría afectar el financiamiento de áreas importantes como pueden ser salud, educación y otras áreas sociales.

Ciertamente atender los problemás de equidad y sostenibilidad fiscal mediante la reforma al sistema de pensiones es sumamente complejo pero necesario. Con respecto a la equidad, no se pueden financiar beneficios a pensionados a costa del bienestar de la mayoría. Las reformas de 2003 y 2006 privilegian el trato a un sector de pensionados. Con respecto a la sostenibilidad fiscal, es pertinente realizar una reforma del sistema pensiones, pues de lo contrario, la presión en el presupuesto por el pago del servicio de deuda previsional puede afectar en le futuro áreas importantes del gasto público social, a no ser que el Estado esté dispuesto a no pagar pensiones, lo cual no creo que sea fáctible por la inestabilidad política que esto podría provocar.

Así las cosas, se debe promover desde las instancias gubernamentales un diálogo franco y sincero sobre la problemática de pensiones y su impacto en la situación fiscal. Por ello, es pertinente una apertura en la que los actores participantes reconozcan la necesidades de los diversos sectores sociales en el marco de las restricciones financieras que el país atraviesa. Esto ciertamente es muy difícil, pero necesario, pues acostumbramos a velar única y exclusivamente por nuestros intereses.

Rommel Rodriguez – Funde