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En la última década los países en desarrollo han perdido 7.8 billones de dólares, producto de los flujos financieros ilícitos, dinero proveniente de actividades criminales, de corrupción y sobre todo de la actividad comercial empresarial, afectando directamente el financiamiento para el desarrollo de estos países.

Jessica Portocarrero *

América Latina no es ajena a esta realidad. Durante el periodo 2004 al 2013  han salido de sus fronteras 1.4 billones de dólares, de los cuales  el 12% representa fugas de las balanzas de pagos (actividades criminales y corrupción) y el 88% proviene de actividades relacionados al comercio. La salida de  estos flujos ilícitos  es  producto de las malas prácticas tributarias y de los diversos mecanismos y herramientas que adoptan las empresas transnacionales, como la falsa facturación y la manipulación de precios de  transferencia, empleadas para reducir el pago de impuestos.

Cuando hablamos de manipulación de precios de transferencias nos referimos al precio de compra y venta (transferencia) de bienes, derechos y servicios entre empresas vinculadas y que a menudo es manipulado para ser más alto o más bajo que el precio del mercado practicado por empresas independientes; a través de esta práctica las empresas trasnacionales  ponen en riesgo los recursos tributarios de los países en desarrollo.  La erosión de la base tributaria ha puesto en la agenda la necesidad de establecer  normas de control que aseguren la recaudación justa de los recursos.

Los países de América Latina han venido implementando de forma gradual herramientas de control como normas internas y convenios de tributación, a fin de evitar la pérdida de sus recursos  tributarios a través de esta  práctica, logrando así avances en materia de control de la manipulación de  precios de transferencia.

Así, según el CIAT, el 70% de los países de la región contemplan normas generales, el 10% de estos países contemplan principios básicos, el 78% cuenta con oficinas o equipos especializados y el 73% realiza inspecciones de campo. Cabe mencionar que estos datos corresponden al 2012, y desde entonces algunos países han hecho algunos avances.

El estudio realizado por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias – CIAT[1], ha logrado clasificar a los países de la región en cinco grupos, de acuerdo al grado de desarrollo legislativo y administrativo en el control de la manipulación  de  precios de transferencia.

Los países del grupo I son los que han implementado normas desde hace más de una década; el grupo II lo integran los  países que han implementado legislaciones con posterioridad pero que han logrado avances sustantivos; El grupo III, está compuesto por los países que han fortalecido las legislaciones de precios de transferencia y han creado o se encuentran en un proceso de formación de unidades especializada. En el grupo IV  están ubicados los países  que se encuentra en una etapa  prematura en cuanto al  desarrollo de la normativa (legislaciones que recién han entrado en vigencia o no han entrado en vigencia aún y sus unidades de precios de transferencia están en proceso de formación); finalmente, en el grupo V están los países que aún  no han introducido normativas o se encuentran en proceso de formulación de régimen  para el control de precios de transferencia.

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La mayoría de los países de la región han adoptado  los lineamientos y la directrices de la OCDE, sin embargo la complejidad del tema y la realidad de cada país ha generado que algunos de ellos implementen métodos  propios en materia de  control de precios de transferencias como es el caso de Argentina con el  “Sexto método”, diseñado especialmente para la exportación de commodities agrícolas; Brasil con el método de “márgenes fijos de mercado” para las rentas de importación y exportación con empresas relacionadas del exterior; República Dominicana con el métodos para determinaciones de precios de hoteles; y México con el método de “regímenes de protección” o “safe harbors” para maquiladoras.

Si bien es cierto  la región ha logrado ciertos avances en el control de precios de transferencias, aún continúa siendo insuficiente para evitar esta práctica. Para ello es necesario que las administraciones tributarias, en el marco de una acción coordinada, desarrollen sus capacidades, así como sus herramientas y sistemas tecnológicos y, sobre todo,  romper las barreras que existen al acceso de información que permitirá un mejor análisis sobre los precios.

* Jessica Portocarrero es economista peruana e integrante de la secretaría de Latindadd.

[1] Estudio ITC-GIZ-CIAT sobre el “Control de la manipulación de los precios de transferencia en América Latina y el Caribe”.