Con la caída de los precios internacionales de las materias primas, en especial de los hidrocarburos, las finanzas públicas de Bolivia entran a un punto de inflexión, con ingresos decrecientes que ponen de manifiesto la necesidad de encarar políticas para lograr la sostenibilidad, no solo fiscal, sino también de la economía en su conjunto.

Al mismo tiempo, también es fundamental darle sostenibilidad a las políticas sociales que permitieron lograr avances principalmente en indicadores sociales de pobreza, salud y educación, así como contribuir a los objetivos de desarrollo planteados en el Plan de Desarrollo Económico Social 2016-2020.

El desafío está en la generación de ingresos en un marco de justicia fiscal. Por un lado, revisando el sistema tributario diseñado en los años 80, que no condice con el actual diseño de Estado en el marco de las autonomías, con un reducido universo tributario, sostenido principalmente por impuestos indirectos, sin elementos de progresividad y que no se aplica como un instrumento de redistribución de la riqueza que contribuya a reducir las desigualdades, entre ellas las de género. Y, por otro, abordando el problema advertido ya en otros países sobre los flujos ilícitos de capital de empresas transnacionales, más aún tras la información expuesta en los Panama Papers, que se constituyen en acciones de evasión y elusión tributaria que restan ingresos fiscales a los países, haciendo fundamental que la normativa boliviana y la administración tributaria contemple los mecanismos necesarios para contrarrestar estas prácticas.

Sin embargo, el desafío también radica en abordar el destino del gasto, siendo que en los últimos años los gastos corrientes y de inversión presentaron un crecimiento significativo en todos los niveles de Gobierno, pero habiendo transcurrido la etapa de la denominada “bonanza” queda el cuestionamiento sobre el uso de estos recursos en términos de la calidad del gasto, la priorización y optimización del uso de los recursos públicos hacia inversiones que generen impacto en el desarrollo.

Finalmente, la Conferencia Internacional de Financiamiento para el Desarrollo de Naciones Unidas, realizada en Addis Ababa, el 2015, ha identificado que uno de los principales recursos para financiar los Objetivos de Desarrollo Sustentable Post-2015 son los ingresos fiscales, por lo que es fundamental abordar cómo la política fiscal de Bolivia puede generar ingresos de forma sostenible y equitativa.

Ante este panorama, Oxfam, la Red Latinoamericana de Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd), la Fundación Jubileo, la Plataforma Pacto por el Bien Común, la Carrera de Sociología y el Centro de Estudiantes de Economía de la Universidad Mayor de San Andrés organizan el Seminario Internacional “Justicia Fiscal para una Justicia Social”.

Esta actividad se desarrollará el próximo martes 7 de junio, en el Paraninfo de la UMSA (Av. Villazón 1995, La Paz, Bolivia), desde las 14:30 horas.

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