Entrevista a Adrián Falco, de la Fundación SES (Argentina) y miembro de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe.

–¿Qué se entiende por justicia fiscal?

–Es la incorporación de regulaciones por parte de los estados para mejorar su capacidad de recaudación, sobre todo con las empresas multinacionales, porque son las que tienen montado todo un aparato de fuga, evasión y elusión fiscal. Y esto lleva aparejada la redistribución justa e igualitaria de esos ingresos.

–Y, en el caso de América latina, ¿por qué considera que es injusta la fiscalidad?

–Uno de los grandes problemas de América latina son las exenciones impositivas. Es el caso de las compañías mineras que operan en la franja del Pacífico, que sacan muchos recursos naturales de los países pero dejan muy poco a cambio. Existe una carrera a la baja –en carga impositiva–, pero hay que dejar de bajarse los pantalones fiscales y empezar a tener movimientos dentro de los países que exijan a los gobiernos que defiendan sus intereses.

–Según Oxfam, el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el 99% restante. ¿Cuándo se inició esta tendencia a la concentración?

–Después de la Segunda Guerra Mundial, se impuso un mercado de lo intangible, ligado a la valorización financiera, en vez de a lo productivo. La riqueza se concentró en menos manos vía monopolios, y la población quedó al margen. Esas grandes compañías han adquirido tal magnitud que ya no se conforman con dominar el mercado, y tienen recursos suficientes para copar otros resortes del poder, como la política o los medios de comunicación. Muchos estados se ven asaltados por esa élite y, si los gobiernos no son fuertes o no existe una sociedad muy movilizada, esta acaba controlando dichos resortes.

–¿Qué papel juegan los paraísos fiscales en este proceso?

–Son grandes responsables de esta desigualdad global. Pero no son unas islitas tropicales a las que hay que atacar. Las dos grandes guaridas fiscales del mundo son el estado de Delaware, en EEUU, y la city de Londres. Todo el dinero que acaba en un paraíso fiscal deja de ir al estado al que le corresponde. Pero, además, se mueve sin ningún control por canales opacos y puede usarse con otros fines, como narcotráfico, terrorismo o trata de personas.

–Ante esto, ¿puede un estado actuar de manera individual?

–No caben acciones individuales, han de ser globales, y ahí juega un papel muy importante la integración regional. España no puede dar un paso en este sentido sin el acompañamiento de la Unión Europea. Y aunque en América latina no tenemos un ente equivalente, existen organismos internacionales. El problema es que estos estados compiten entre sí por captar inversiones, y esto se traduce en el blindaje de exenciones impositivas.

–¿Qué peligros entraña, en el plano sociopolítico, la desigualdad extrema?

–Esperemos que la salida sea pacífica. América Latina tiene altos niveles de pobreza, y eso es una olla a presión. Pero la gente no ve que su falta de empleo, de seguridad social, de sanidad o de educación, está vinculada con estas cuestiones. La empresas tienen una gran capacidad para lavar su cara a través de donaciones o fundaciones, lo que se llama responsabilidad social corporativa, que es simplemente una fachada para mostrar lo buenos que son, cuando en realidad lo que están haciendo es desfinanciar los presupuestos públicos mediante el uso de esas guaridas fiscales.

–Dice que la gente no ve el vínculo entre la evasión fiscal y la bajada de su calidad de vida. Pero el divorcio entre gobernantes y gobernados se extiende como una mancha de aceite por todo el mundo.

–Es verdad que la mayoría de los políticos son percibidos como corruptos. Pero hay si uno analiza los flujos financieros ilícitos puede detectar que el 60% tiene que ver con comercio entre empresas, el 35% está vinculado a negocios ilícitos y el solo 5% a la corrupción política. Pero, paradójicamente, la gente pone el foco en la clase política, y no en las empresas multinacionales, que son las que terminan desfinanciando los presupuestos públicos. Pero es que las élites empresariales son las que copan el Estado.

–¿Qué habría que hacer para poner coto a la injusticia fiscal?

–En el caso de América Latina, había que crear organismos reguladores en todos los países. Es muy importante la cooperación, el intercambio de información entre países. También haría falta un registro público de quiénes son los dueños reales de las empresas y las acciones. Y fortalecer las administraciones tributarias.

–¿Hace falta despertar la conciencia sobre la injusticia fiscal?

–Cada vez que se habla de fiscalidad, mucha gente desconecta porque le resulta muy árida. Pero, lo que no pagan las empresas, lo acaba pagando el pueblo. El tema fiscal no vende, pero sí el saqueo, y este sistema fiscal es claramente un robo. El mundo ha cambiado sustancialmente y está gobernado por las empresas

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