Cuando Andrés Knobel  terminó de leer el reconocido libro “Las islas del tesoro”, del periodista británico Nicholas Shaxson, sintió que su interés por el tema de las guaridas offshore no era algo transitorio. Esa pieza investigativa lo impulsó a seguir profundizando el estudio y la investigación de la opacidad fiscal. Hoy, como consultor de la red Tax Justice Network, Knobel, abogado recibido en la UBA, pone la lupa y escudriña los datos impositivos de varias jurisdicciones. No sólo de islas caribeñas o de territorios de ultramar distantes de los países centrales, Andrés Knobel y sus colegas también estudian a los países ricos y centrales. Entre todos, elaboran un Índice del Secreto Financiero (ISF), una medición que registra varios fenómenos: no sólo la baja carga impositiva o la liviandad contable que permiten varios territorios; el índice, a su vez, indaga el control estatal hacia los flujos financieros ilícitos y la existencia, o no, de un registro público de beneficiarios finales. De esa manera, Tax Justice Network elabora un ranking global de la opacidad fiscal. Un tablero liderado por Suiza, Hong Kong, Estados Unidos o el Reino Unido, y no por las excéntricas islas paradisíacas que suelen ser nombrados en los noticieros del mundo como los exclusivos centros de elusión fiscal.

-Así  como las consultoras financieras califican a los países con una nota, Tax Justice Network evalúa, en pos de medir la opacidad fiscal, a varias jurisdicciones con el denominado  Índice del Secreto Financiero. ¿En qué consiste dicho índice y qué variables estudian?

 -El índice consiste en elaborar una base de datos de unas cien jurisdicciones donde analizamos muchas cuestiones pero, básicamente, implica indagar quince indicadores de esos Estados como son el secreto bancario, las recomendaciones anti lavado de dinero, el secreto corporativo tanto para sociedades, asociaciones, fideicomisos; también observamos cómo funciona el intercambio de información con otros países, cómo implementan esas jurisdicciones los tratados internacionales que conminan a tomar medidas contra el terrorismo, el narcotráfico o el crimen organizado.

Uno de los puntos que investigamos para desarrollar el ISF es si los países analizados exigen, o no, a las multinacionales el denominado “reporte país por país” (Country-by-Country Report) que obliga a las firmas privadas publicar, por ejemplo, donde tienen mayores ganancias o empleados. Esa política buscar contrarrestar la elusión fiscal de los grandes actores económicos. La Unión Europea (UE) está intentando avanzar para que los países del bloque incorporen ese pedido de información pero, en definitiva, no todos los países han sumado esa normativa. Igualmente, la UE es más celosa con los bancos o ciertas empresas extractivas para que realicen el Country-by-Country Report.

Me gustaría aclarar, eso sí, que el ISF no es una lista de paraísos fiscales. El índice busca elaborar un ranking global. La idea es estudiar la mayor cantidad de jurisdicciones posibles, cuáles son los países más permisivos con los flujos financieros ilícitos y ahí encontramos a Suiza, Hong Kong o Estados Unidos en las primeras posiciones. En paralelo, también buscamos corroborar si dichos países evolucionan o, por el contrario, retroceden con sus políticas de transparencia financiera.

Lo innovador del índice es que, a diferencia de la mayoría de la lista que se elaboran de paraísos fiscales, está regido por criterios estrictamente objetivos. La evaluación de cada jurisdicción está documentada, no tenemos presupuestos ideológicos para elaborar la medición. Por otro lado, en vez de ver únicamente el puntaje de opacidad también abordamos lo que denominamos Global Scale Weight, que sería el peso que tiene cada jurisdicción en el mercado de servicios financieros para no residentes. Lo que intenta demostrar esto es que una pequeña laguna legal en enormes centros financieros, como puede ser Alemania o Japón, es mucho más significativa que una enorme laguna legal en un país de poca relevancia económica como pueden ser las islas caribeñas o territorios de ultramar que son siempre sindicados como los paraísos fiscales más relevantes. Lo que buscamos subrayar es que si toda la presión fiscal global va ir hacia esas pequeñas islas del Caribe no se va a resolver la problemática de los flujos financieros ilícitos porque la lupa debe estar concentrada en las jurisdicciones donde se mueven o depositan fuertes volúmenes financieros.

-Otro punto central en la investigación global de la opacidad fiscal pasa por monitorear el intercambio de información fiscal entre países. ¿Qué avances y retrocesos hay en la materia? 

-Hasta el 2013, el estándar global obligaba a las administraciones fiscales responder automáticamente el requerimiento de cualquier contribuyente, lo que implicaba un gasto de trabajo innecesario y poco eficiente. Desde TJN advertíamos que lo correcto era requerir el intercambio automático de información. Finalmente, por esa fecha, tanto la OCDE como el G-20 reconocen que el intercambio de información debía regirse por los estándares que exigíamos desde muchos colectivos civiles y centros especializados. Finalmente, la OCDE ordena esa cuestión publicando el CRS (Common Reporting Standar), que explica cómo debe efectuarse ese intercambio de información entre países.

Entonces, lo que hacemos desde entonces es analizar el CRS. Ya hemos publicado varios papers donde criticamos las lagunas legales presentes en dicho estándar. Además, en todo momento buscamos dilucidar cuáles son las estrategias que se dan el sector privado como los caminos disuasorios que elaboran las jurisdicciones opacas, caso Suiza o EE.UU., para evadir el intercambio de información. Desde Tax Justice advertimos que el estándar de la OCDE no solo presenta varias lagunas legales sino que ese ordenamiento dificulta a los países en desarrollo el acceso a la información requerida. ¿Por qué decimos esto? Porque hay jurisdicciones que no cuentan con los recursos administrativos y económicos para responder a un significativo requerimiento de volumen de datos. Por ese motivo, nosotros impulsamos soluciones alternativas a las lagunas legales y atrofias administrativas que genera el CRS. Nuestra propuesta es que las jurisdicciones publiquen estadísticas abiertas; Australia, por ejemplo, ya se ha mostrado receptiva con la iniciativa.

Recapitulando, la exigencia de reciprocidad es una de las grandes críticas que hacemos al intercambio automático de información. Buena parte de la sociedad civil sostiene que es mucho más probable que un corrupto latinoamericano esconda su dinero en Suiza; por el contrario, es muy poco probable que un suizo acaudalado esconda su capital ilícito en Nigeria o Argentina. Ergo, los países en desarrollo tienen más necesidad en poder acceder a información bancaria o fiscal de Suiza y, por el contrario, los países ricos no están urgidos por conocer qué tipo de capitales camuflan sus activos en el sur. En la realidad, Suiza o las grandes jurisdicciones opacas no entregan la información requerida porque exigen reciprocidad, tal como estipula la CRS.

-Lo que hace más engorroso y dificultoso el acceso a información fidedigna. 

-Efectivamente, porque mucho de los países en desarrollo no alcanzan a cumplir con los estándares exigidos para cumplimentar con la reciprocidad que exige la OCDE. Además, desde Tax Justice subrayamos que no se trata de una cuestión meramente fiscal. El problema para la OCDE es si determinado señor o grupo económico está evadiendo impuestos. Nosotros pensamos que también hay que indagar el origen de la plata que se busca evadir si es que se pretende combatir el lavado de dinero. Además, en definitiva, el intercambio automático de información al requerir la voluntad coincidente de las dos partes parecería funcionar como la red social Tinder, lo que habla de la aleatoriedad del mismo.

 -¿El intercambio de información fiscal funciona como un club de citas?

 -Lo que decimos es que no basta con que una jurisdicción posea la voluntad y la capacidad técnica de procesar y entregar información para poder concretar el intercambio de data fiscal con otro país. Lamentablemente, un país puede elegir con cual nación firma un tratado en intercambio de información. Entonces, en ese sentido, si no hay coincidencia entre las partes, la política de cooperación queda nula. Por ejemplo, para ser más claro, si Suiza comunica que no desea tener una política de intercambio con Argentina, nuestro país está vedado de acceder a información sensible del país europeo. La normativa de la OCDE lo permite.

 Por eso decimos que el intercambio automático de información no puede funcionar como un club de citas. Sin embargo, hay excepciones. Tras la crisis financiera del 2008, EE.UU. generó una serie de normativas muy estrictas para regir los tratados bilaterales de información. De esa manera, si un país firma un acuerdo con Washington y no cumple en tiempo y forma con la publicación de la información requerida puede recibir una sanción económica muy dura, un impuesto que puede gravar hasta el 30% de la transacción. Dentro del esquema más laxo de reglamentación de la CRS eso no sucede: todo depende de la voluntad y la buena fe de las partes.

 -Volvamos a la historia de Tax Justice. ¿Dónde está localizada su cabeza administrativa? Por último, ¿Es correcto afirmar que el vértice de la agenda de la organización pasa por lidiar contra el secretismo financiero?

 -Tax Justice es una red internacional independiente de expertos. No tenemos una capital administrativa, aunque muchos de nuestros investigadores residen en Inglaterra. La red fue fundada por John Christensen, ex asesor económico de un territorio de ultramar de la Corona británica, que en los hechos funciona como una guarida offshore.

 -Alguien que conoce cómo funciona la cocina de un paraíso fiscal.

 -Claro, muchos de los asesores provienen del sector privado, de trabajar para los grandes bancos. Y, evidentemente, después de sentirse molestos por entender cómo funciona la ingeniería de la evasión han pasado a trabajar en la vereda de enfrente para tratar de revertir la situación. Volviendo a la cuestión de nuestro horizonte investigativo, nosotros preferimos decir que estudiamos las jurisdicciones opacas, en vez de hacer hincapié en la categoría de los paraísos fiscales. ¿Por qué? Porque el término paraísos fiscales remite a la idea de que hay territorios con tasas fiscales muy bajos. Y desde Tax Justice entendemos que el problema central de las jurisdicciones opacas no pasa por su desgravamen impositivo sino por la capacidad que tienen de resguardar información sensible de las empresas.

 Repito, no decimos que la cuestión fiscal no sea importante, de hecho lo es, pero es mucho más delicado para el sistema económico permitir que en ciertas jurisdicciones se puedan abrir fideicomisos en un abrir y cerrar de ojos, no reportar a la autoridad fiscal quién es el verdadero dueño de determinado fondo de inversión, eludir la discriminación entre residentes y no residentes, o que los bancos estén exentos de pedir informes sobre lavado de dinero.

-Entonces, ¿El desafío pasa por monitorear el secretismo financiero? 

-No, porque también hay jurisdicciones, como puede ser Holanda o Irlanda, que si bien no pueden catalogarse como opacas, sí generan un marco muy propicio para la elusión fiscal de las multinacionales. Por ese motivo, estamos estudiando lanzar un nuevo índice para monitorear, precisamente, la problemática de los abusos del impuesto corporativo por parte de los grandes jugadores económicos. La idea, entonces, es estudiar la baja carga impositiva existente en ciertos países hacia los actores económicos transnacionales. Repito, países como Holanda, Irlanda o Luxemburgo propician la elusión fiscal y no, necesariamente, desde el secreto financiero. En todos esos casos, las reglas de residencia fiscal son el aspecto central de una política macro que busca atraer inversiones a cambio de hacer la vista gorda a la hora de cobrar impuestos.

Por eso, en TJN subrayamos que direccionar el “reporte país por país” hacia las multinacionales es un buen mecanismo para entender con más precisión cómo está distribuido territorialmente el tablero mundial de la elusión fiscal. Dicho mecanismo de consulta permite precisar dónde las grandes corporaciones cuentan con mayor volumen de ganancias y, por el contrario, dónde tienen asentados movimientos contables sospechosos que sólo buscan tributar hacia la baja. Si bien la OCDE ha incorporada dicho pedido de información como parte de sus políticas para evitar la elusión fiscal, el problema es que el mecanismo de consulta, por el momento, es confidencial y sólo alcanza a un conjunto pequeño de multinacionales, sólo a las que poseen altísimos volúmenes de facturación. En definitiva, para TJN es importante advertir que la competencia fiscal, no por la cuestión de la competencia entre empresas, que es algo totalmente lógico, no puede precipitar una competencia entre multinacionales para evitar pagar impuestos en cada jurisdicción nacional.

-Entonces, a nivel global, ¿Cuáles son los países que, según TJN, lideran el índice del secretismo financiero? 

-Suiza, Hong Kong, Estados Unidos; más atrás aparece Reino Unido. Pero, hacemos la salvedad que a esa jurisdicción la analizamos sin estudiar los territorios de ultramar, muchos conocidos por su opacidad fiscal; de lo contrario, Londres lideraría nuestro ranking. Entonces, creemos que el ranking de Tax Justice es una herramienta valedera para concientizar a la opinión pública y ganar la atención de los grandes medios. En paralelo, a diferencias de otros índices, como el elaborado por Transparencia Internacional para medir el nivel de percepción en la corrupción, donde siempre aparece Sudamérica o África como los territorios más complejos, nuestra búsqueda en principio busca ser más objetiva, no queremos medir percepciones, sino conocer y cruzar datos.

Por otro lado, más allá de que se pueda aceptar que el fenómeno de la corrupción es más significativo en los países periféricos, nos parece que lo central es indagar quienes son los actores que poseen mayor nivel de responsabilidad en esos esquemas de corrupción, que muchas veces pueden ser actores estatales o económicos radicados en los países centrales. Repito, nuestro índice posee, creo, dos virtudes: por un lado, busca visibilizar que el problema de la opacidad fiscal no gravita sólo en las Islas Caimán sino en EE.UU. o Suiza y, en segundo lugar, pretendemos ofrecer de manera pública a los ciudadanos un volumen de información objetivo y muy riguroso desde lo técnico. En general, equipos de cinco personas trabajan más de un año para estudiar a una jurisdicción, donde cruzamos más de 200 factores para poder llegar a una conclusión.

-Es inevitable que te pregunte sobre qué puesto ocupa Argentina en el ranking de Tax Justice. 

-Aún no incorporamos a nuestro país en el listado de jurisdicciones a estudiar. Repito, comenzamos hace menos de diez años investigando a unas 62 jurisdicciones y, en la actualidad, ya abarcamos más de cien países. La idea, en un futuro cercano, es poder analizar a todas las jurisdicciones. Lo que si observamos de Argentina es que en nuestro país, a pesar de haber avanzado en el intercambio automático de información, faltan mayores grados de transparencia e información para conocer los datos centrales de una sociedad o un fideicomiso. Desde Tax Justice decimos que habría que avanzar en la creación de un Registro de Beneficiarios Finales. No es algo imposible, en el Reino Unido ya se avanzó con esa política, y varios países europeos van esa dirección.

Además, ahora se está haciendo hincapié en que la Inspección General de Justicia busca aligerar la carga de trámites para facilitar la formación de sociedades. Pero, no creo que esa medida potencie a los emprendedores como se recalca desde el Estado; quizás, con esa celeridad los más beneficiados sean los lavadores de dinero que pretenden rápidamente ocultar la formación de activos ilícitos. Creemos, entonces, que lo central pasa por transparentar quiénes son los dueños de determinada sociedad, quién es el beneficiario final de equis firma y poner a la luz pública los estados contables para que los organismos del Estado como la AFIP o la UIF puedan trabajar con celeridad y eficiencia.

-¿Es factible y recomendable generar políticas regionales de coordinación fiscal para disminuir la incidencia de los flujos financieros ilícitos en la economía conjunta de los países del Mercosur? 

-Para ese nivel de integración hace falta mucha coordinación y voluntad política. Desconozco la ingeniería legal del Mercosur pero sí puedo decir que, por ejemplo, la Unión Europea está convocando a los países miembros a colaborar con un piso mínimo hacia el Registro Público de Beneficiarios Finales. Esa es una medida positiva. Lo que sí observamos es que los países de la región muchas veces buscan seguir los patrones de recomendación en trasparencia de la OCDE porque especulan que es un paso positivo para mejorar el clima de negocios.

Entonces, sería recomendable que los países latinoamericanos, en conjunto con los africanos o asiáticos, quizás en el marco del G77, elaboren estándares de transparencia fiscal comunes ya que es evidente que las reglas de la OCDE tienen un claro alineamiento con los intereses de los países ricos. Naturalmente, ese conjunto de reglas no interpelan los intereses de los países del sur. Un claro ejemplo de esa asimetría se da en el intercambio automático de información, cuyos lineamientos están regidos por la OCDE. Argentina, sin ir más lejos, aún no puede firmar un tratado de cooperación con Suiza porque el país europeo aún postergó para más adelante la intención de tener un marco de cooperación con Argentina.

-Última pregunta, más reflexiva que técnica, ¿Qué factor pesa más en la opacidad fiscal: los niveles altos de corrupción o la desregulación total del comercio? En otras palabras, ¿La elusión fiscal es un tema de índole moral o es una consecuencia de la competencia económica? 

-No me animo a decir que el libre comercio sea preponderante para propiciar la opacidad fiscal. Lo central es, en todo caso, evitar que haya una competencia fiscal a la baja entre las grandes transnacionales para eludir el pago de impuestos. Necesitamos mayores niveles de control. Por ejemplo, un blanqueo de capitales sin un control exhaustivo del origen de esos flujos es una política que alienta decididamente la opacidad fiscal. Por otro lado, desde el lado de la responsabilidad ética, me parece que todavía hay muchos abogados, escribanos o contadores que aún se amparan en apelar el uso del secreto profesional para justificar el trabajo con sociedades sospechosas. Entonces, la intermediación técnica o profesional en los movimientos de capital también debería estar sometida al control de los organismos públicos. Los abogados o contadores deberían sentir que están siendo controlados por la ley cuando asesoran en términos impositivos a determinado grupo inversor. En ese caso, no creo que falte ética, lo que faltan son sanciones.