Ahora que acaba de cumplirse un año de la publicación de Los Papeles de Panamá es tiempo de analizar una de las mayores contradicciones de la Unión Europea respecto a la utilización de los paraísos fiscales. Por un lado, no parece dispuesta a adoptar medidas efectivas para combatir su utilización y, sin embargo, aprueba Directivas contra el blanqueo de capitales que exigen a las entidades bancarias y a los profesionales que identifiquen al titular real de los bienes que se esconden en esos territorios.

Tras cada escándalo que se descubre se pone de manifiesto que los paraísos fiscales cumplen su papel a la perfección, por lo que son nulas las posibilidades de que la Administración tributaria o las autoridades judiciales de cualquier país descubran lo que los defraudadores, corruptos o delincuentes ocultan en esos territorios. Resulta penoso comprobar cómo jueces y fiscales van dando manotazos por todo el mundo persiguiendo el dinero de la delincuencia y cómo estos territorios burlan una y otra vez las peticiones de información o de colaboración que se les hacen.

Para lograr esa eficacia, los paraísos cuentan con la imprescindible ayuda de entidades bancarias y de grandes despachos de asesoramiento profesional, que han creado una “industria financiera” utilizando como herramienta principal las sociedades offshore creadas en los paraísos, cuyo objetivo principal es el de ocultar la identidad del titular real de los bienes. Basta una simple llamada de teléfono y un coste inferior a los mil euros para que en dos días se cree una sociedad offshore en un paraíso y que esta sea titular de una cuenta bancaria en otro país en la que se ingresan los importes que se quieren ocultar.

Otra característica importante de los paraísos es que han burlado siempre cualquier medida que se haya adoptado. Así ocurrió con los requisitos establecidos en el año 2009 por la OCDE, que llevó a este organismo a decir en 2011 que ya no había paraísos fiscales en el mundo, y también se ha puesto de manifiesto en los Papeles de Panamá, ya que muchas de las sociedades offshore fueron creadas para burlar la aplicación de la Directiva sobre el ahorro, que obligaba a Suiza, entre otros, a proporcionar información sobre rendimientos de cuentas cuyos titulares fueran personas físicas. Una de las múltiples formas de burlar la norma fue cambiar la titularidad de las cuentas a nombre de sociedades constituidas en Panamá y en otros paraísos fiscales. Por ello, las únicas medidas eficaces contra la utilización de los paraísos tienen que ser de carácter coercitivo, ya que estos territorios nunca van a colaborar de forma voluntaria.

A pesar de los escándalos, la Unión Europea no ha querido hasta ahora aprobar medidas efectivas contra la utilización de los paraísos, empezando con la elaboración de una lista negra de paraísos y estableciendo las consecuencias para quienes figuren en dicha lista. El Parlamento Europeo ha rechazado recientemente la lista de paraísos elaborada por la Comisión por insuficiente, ya que solo figuraban en ella once territorios: La Guayana, República Democrática de Corea, Afganistán, Bosnia-Herzegovina, Siria, Irak, Irán, Laos, Yemen, Vanuatu y Uganda.

Y por si quedara alguna duda, la propia Comisión Europea está dificultando los trabajos de una comisión de investigación creada en el Parlamento Europeo sobre los Papeles de Panamá.

Contrasta todo lo anterior con la actitud de la UE respecto de otro tema, como es el blanqueo de capitales, ya que las Directivas de la UE exigen muchas obligaciones a los sujetos obligados, siendo algunas de las principales la identificación del titular real de los bienes y la comunicación de operaciones sospechosas de blanqueo.

Respecto de la identificación del titular real, la cuarta Directiva, de mayo de 2015, señala que la necesidad de información precisa y actualizada sobre el titular real es un factor clave para la localización de los delincuentes que, de otro modo, podrían ocultar su identidad tras una estructura empresarial.

En relación con las operaciones sospechosas, se dice en la Directiva que el análisis de las operaciones debe estar basado en factores de riesgo, considerándose uno de ellos la existencia de países que no dispongan de sistemas eficaces de lucha contra el blanqueo de capitales, y otro, los productos o transacciones que favorezcan el anonimato. Así pues, de acuerdo con la propia Directiva, los paraísos fiscales deberían calificarse como territorios de riesgo, por no disponer de sistemas contra el blanqueo, y también las sociedades offshore constituidas en los mismos, ya que tienen como objetivo principal ocultar la identidad de sus propietarios reales.

Además, en cumplimiento de las obligaciones que les impone las Directivas europeas, las entidades bancarias y los profesionales no podrían efectuar operaciones en paraísos fiscales y deberían averiguar quién es el titular real en las sociedades offshore, debiendo rechazar al cliente o la operación si no se pudiera identificar.

Por último, si la Unión Europea fuera consecuente, en aplicación de su propia normativa contra el blanqueo, debería obligar a los Estados miembros a eliminar determinadas estructuras, como el doble irlandés o el sandwich holandés, ampliamente utilizadas por las grandes multinacionales para no pagar impuestos a nivel mundial.

Pero, para ello, repito, el primer paso imprescindible sería elaborar una verdadera lista negra de paraísos fiscales, y parece que la UE no está dispuesta a ello.

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