La idea era reunirse para debatir cómo construir una fiscalidad justa y conocer la propuesta ecuatoriana de generar en Naciones Unidas una herramienta institucional para acabar con los paraísos fiscales. La invitación, en concreto, que partió de varios actores de la sociedad civil involucrados con estos temas en la región –la Fundación SES, la red Latindadd, la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, y la campaña continental Paguen lo Justo-, tuvo una grata recepción el último jueves. Diversos especialistas, como el consultor de Tax Justice Network Andrés Knobel, el director del Banco Central de la República Argentina Pedro Biscay o el periodista del matutino porteño Página 12 Tomás Lukin, disertaron en el Centro Cultural de la Cooperación para sumar ideas y esfuerzos en la agenda pública contra la evasión fiscal y las zonas offshore.

En ese marco, SES América Latina pudo dialogar unos minutos con la Subsecretaria de la Cancillería de Ecuador Carola Iñiguez sobre el doble triunfo que viene de conseguir la fuerza gobernante Alianza País en las urnas: la reciente victoria de su candidato presidencial Lenin Moreno y el respaldo conseguido en el histórico referéndum que prohíbe a los funcionarios de ese país poseer activos en jurisdicciones opacas.

-¿Qué balance hace el gobierno ecuatoriano de la victoria conseguida en el plebiscito contra las zonas offshore? ¿De qué manera piensa Quito instrumentalizar en Naciones Unidas la idea de generar un cuerpo intergubernamental contra los paraísos fiscales? 

-Primero, me gustaría recordar que el paso dado con el referéndum y la posición desplegada por Ecuador en el G77 (Grupo de los 77, está compuesto en realidad por 134 países, dos tercios de los miembros de la ONU) está en concordancia con la visión de país que intentó desplegar el presidente Correa desde que llegó a la Jefatura de Estado. En principio, la reforma constitucional impulsada por Alianza País consagra en la Carta Magna los principios de progresividad fiscal y lucha contra la evasión impositiva. Después, creo que nuestra propuesta viene a dar respuesta a una coyuntura y una opinión pública global muy sensibilizada por los significativos casos de corrupción y evasión tributaria que quedaron al descubierto con la filtración de los papeles de Panamá. En definitiva, el pueblo y la ciudadanía ecuatoriana se ha expresado abiertamente a favor de una herramienta que busca defender el desarrollo soberano de los países del sur. Esperamos, entonces, que el paso dado por Ecuador pueda ser replicado por otros vecinos.

Con respecto a la iniciativa de generar un TaxBody contra los paraísos fiscales es preciso recordar que Ecuador la está impulsado desde que asumió recientemente el G77, un tradicional espacio donde se expresa la multilateralidad global. Por eso estimamos desde un principio que el G77 es un ámbito ideal para propugnar esas ideas, porque se trata de una herramienta diplomática donde las voces de los países se expresa de forma igualitaria. Eso sí, la idea de Ecuador es que la batalla por un cuerpo intergubernamental contra los paraísos fiscales salte el cerco del G77, donde históricamente hubo una predisposición a tratar este tipo de temas, para volcar esa idea sobre el seno de las Naciones Unidas. El objetivo es ganar más adhesiones y peso a nivel internacional.

-¿Con qué leyes y medidas el gobierno ecuatoriano tiene pensado llevar a la realidad la victoria conseguida en el referéndum contra las zonas offshore? 

-La pregunta del plebiscito ya contiene algunas directrices implícitas en el camino de hacer imposible a los funcionarios de nuestro país evadir sus activos hacia jurisdicciones opacas. Es decir, el triunfo en el referéndum abre una ventana de tiempo de un año para que los dirigentes públicos ecuatorianos que posean capitales en zonas offshore puedan repatriar sus bienes. Ese es el límite, doce meses. Igualmente, hacen falta más modificaciones normativas y reglamentarias para pulir ciertos marcos de regulación y control en el registro de bienes. Seguramente, esos proyectos, algunos ya han sido presentados, serán parte del primer tramo de gestión pública de nuestro nuevo presidente Lenin Moreno.

-La victoria en el ballotage fue resistida en la calle y en el tribunal electoral por la oposición. ¿Qué lectura hace Alianza País del comportamiento de sus contendientes? ¿Ese conflicto presume una convivencia tensa durante el mandato de Moreno? 

-Primero, me gustaría recalcar que el triunfo de Alianza País demuestra la vigencia del progresismo sudamericano. Es mentira, evidentemente, que se está cerrando un ciclo de independencia y conquistas populares en la región.

Luego, sí, ha sido muy deshonesta la participación del candidato Guillermo Lasso, que ha estado siempre muy vinculado al sector financiero y a los intereses de los bancos, durante la segunda vuelta electoral. Pero, el trabajo del Consejo Nacional Electoral, que ha actuado con mucha sabiduría y transparencia durante el recuento de votos, ha puesto fin a toda la campaña de difamación sobre nuestro legítimo triunfo. A futuro, todas las expectativas de nuestra fuerza están puestas para que a partir del próximo 4 de mayo, día que asumirá nuestro próximo presidente Lenin Moreno, puedan continuarse y profundizarse las conquistas logradas durante nuestra década ganada.

-Ecuador, además del plano global, se supone que debería hacer crecer su propuesta contra las zonas offshore a nivel sudamericano. ¿Cómo lograr convergencia en un momento de la región adverso a dichas ideas? 

-Más allá de los matices y las divergencias políticas, considero que hay consenso zonal sobre ciertos hechos de la realidad que no se pueden negar. América Latina es la región más desigual, no la más pobre, pero sí la más inequitativa a nivel global. Entonces, podemos tener diferencias entre las distintas coaliciones gobernantes, pero estimo que ese reconocimiento de la desigualdad social cruza a todos los gobiernos. Y las guaridas fiscales son un germen constitutivo de esa brecha social. Porque cada dólar que se fuga es un dólar menos para generar sólidas políticas públicas. Y, al contrario de lo que se piensa y se dice en los medios, la presión tributaria en América Latina sigue siendo muy baja.

Por otro lado, la región debería unir esfuerzos contra las verdaderas jurisdicciones opacas, que suelen residir mayormente en los países centrales y del norte. En conclusión, los países de renta media deberíamos tener un tratamiento distinto sobre la elusión y evasión fiscal. Evidentemente, rebajar el control tributario no es el camino para atraer inversiones extranjeras. En nuestro país, Ecuador, se calcula que un tercio de nuestro PBI se fugó hacia zonas offshore. Sin duda, menos paraísos fiscales garantizan más desarrollo.

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