¿Cuál es el vínculo entre Panama Papers y Lava Jato?, ¿De qué manera la constructora brasileña Odebrecht hacía los pagos indebidos a funcionarios públicos?, ¿Cómo nos afecta a los ciudadanos?, ¿Cuáles son los avances del Poder Judicial para sancionar este tipo de delitos? Estas y más preguntas han sido abordadas por periodistas, autoridades e investigadores durante el 11 y 12 de mayo en el II encuentro latinoamericano de periodistas de investigación sobre Flujos Financieros Ilícitos, evento que tuvo lugar en el hotel José Antonio en Miraflores.

Una de las intervenciones más resaltantes fue la del periodista Flavio Ferreira, de Folha de Sao Paulo, quien graficó el sistema de corrupción que establecieron diversas empresas constructoras como OAS, Petrobras y Odebrecht en su país en conjunto con el gobierno presidido por Lula Da Silva y que ha sido replicado en varios países. Entre algunos patrones se encuentran el aumento de costes indirectos en las obras públicas (impuestos, seguros), el acuerdo entre los participantes de las licitaciones para decidir quiénes ganarían cada tramo de las obras y el pago de sobornos para asegurar el cumplimiento de los acuerdos. Además, también estaría el uso de un software conocido como Mywebday, en donde registraban las transferencias a través de cuentas offshore en paraísos fiscales.

De otro lado, Sol Jauría, de Conectas, explicó en ese sentido que Panamá concentra la mayor red de estudios de abogados y contadores que brindan estos servicios, como son Mossack Fonseca y Morgan y Morgan, firmas que están implicadas en el caso Lava Jato y que continúan operando gracias al estrecho nexo con el gobierno -que incluso tiene como ministros a socios de estas empresas.

Pero, ¿qué es una cuenta offshore? Luis Moreno, de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, explicó que son “operaciones en países extranjeros que pueden utilizarse para la fuga de impuestos y el secretismo financiero”, mientras que Susana Ruiz, de Oxfamintermón de España, expuso que empresas como Telefónica, Mapfre, IBM y Apple son algunas de las tantas que tienen filiales en guaridas fiscales y planteó de qué manera la fuga de capitales nos afecta directamente a los ciudadanos.

“La economía offshore se ha multiplicado por 4 en los últimos 15 años, al doble de rápido que la economía mundial. El abuso de las guaridas fiscales acelera la crisis de desigualdad y es una amenaza a la democracia; mundialmente estamos pagando impuestos que no nos corresponden e incluso se recortan presupuestos del estado para sanidad o educación”, acotó.

El caso de Perú

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodriguez, comentó que “el principal motivo por el que se crean cuentas offshore es para ocultar capitales de procedencia ilícita” y adelantó que las investigaciones a funcionarios públicos implicados en Lava Jato (27 en Perú, según Convoca) puede durar años y que algunos involucrados “tienen anillos de seguridad, no reciben dinero directamente y probablemente nunca lleguen a caer”.

En tanto, la procuradora ad hoc Katherine Ampuero aseguró que se van a presentar denuncias al ministerio de Justicia en caso que el DU-003 no se llegue a cumplir, a fin de asegurar que el dinero de las multas llegue al estado.

La posición que ha adoptado el Estado en el caso de otros países de América Latina todavía es difusa. En Argentina, por ejemplo, se han encontrado sobornos por al menos 35 millones de dólares a funcionarios públicos, adjudicados durante el gobierno de Néstor Kirchner y los dos gobiernos de Cristina Fernandez de Kirchner.

En tanto, en Chile se encontró que Odebrecht había financiado las campañas de Michelle Bachelet y Marco Enriquez-Ominami en elecciones en las cuales ambos eran contendores. En Ecuador, además de las leyes que el gobierno de Correa ha impuesto en contra de la libertad de prensa, se ha demostrado que cuando este gana las elecciones en el 2006, Marcelo Odebrecht le manda un correo para agendar reunión con Lula Da Silva.

Mientras que en Uruguay la situación parece estar más clara con la creación en el 2016 de la ley de transparencia fiscal que identifica al beneficiario final de las transacciones entre empresas, saldos entre sus cuentas y lista de accionistas.

El encuentro concluyó con la intervención de diversas instituciones, como la fundación SES y OxamIntermón, quienes conforman un movimiento social en pro de la justicia fiscal, cuyo fin es encontrar una sinergia con elementos periodísticos a fin de agilizar la obtención de información y hacerla pública.