La Asamblea  Nacional del Ecuador aprobó la noche del jueves 6 de julio,  la ley de paraísos fiscales, con 107 votos afirmativos y 18 negativos, (entre ellos los del bloque CREO-SUMA), sin que se presentaran votos en blanco ni abstenciones.

De esta forma se podrá aplicar lo aprobado durante la consulta popular del 19 de febrero de 2017, que prohíbe el desempeño de una dignidad de elección popular o de servidor público a personas que tengan capitales en paraísos fiscales. En la consulta popular un 55,12% de los ecuatorianos votó a favor de que el Parlamento redacte esta ley.

El proyecto de ley estipula que hasta marzo de 2018, las personas en cargos públicos pueden poseer bienes offshore y que a partir de esa fecha tendrán sanciones como juicio político, destitución, cese de funciones o sumario administrativo.

Los miembros de la Comisión de Justicia, señalaron que la Ley no tendrá efecto retroactivo. En el informe se faculta la existencia de un ámbito administrativo de ejecución rápida de la Ley, que empezará sus operaciones por medio de una investigación, consistente en una auditoría (examen especial) a cargo de la Contraloría. Con ella se determinará la existencia de recursos en paraísos fiscales.

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