La presión tributaria se mide en el mundo a partir de la relación entre la recaudación y el PBI. En ese sentido, la Argentina recolecta más impuestos que la mayoría de los países en desarrollo, que compiten por inversiones a costa de bajar gravámenes y también el gasto público, pero menos que muchos de los países desarrollados, que buscan ingresos para sostener erogaciones de estados más eficientes y protectores que el nuestro. La Argentina recauda un poco menos que Brasil (32,8% del PBI), pero más que el resto de los países latinoamericanos. Su carga impositiva resulta menor que las de los países con más tributos, como Dinamarca (50,9%), Francia (45,2%) y Bélgica (44,7%), pero también de los que les siguen, como Finlandia, Italia, Austria, Suecia, Noruega, Holanda, Alemania y España. En estos países esa presión se ejerce de manera más uniforme sobre todos los contribuyentes, dado que registran menos evasión.

El impuesto a las ganancias sobre las personas presenta en países ricos alícuotas máximas más altas que en la Argentina. Quizás por eso contienen sociedades más igualitarias. Claro que cuando el antecesor de Nicolás Dujovne en el Ministerio de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, quiso subir la alícuota mayor del 35% al 45%, le bajaron el pulgar en el Gobierno. Suecia cobra 57%; Dinamarca, 56% y Holanda, 52%. En Austria, Bélgica, Noruega, Australia, Francia, Alemania, España, Reino Unido, Italia, Irlanda, Japón y Estados Unidos los más pudientes también abonan más que el 35%. Es cierto que en esos países el Estado ofrece mejores servicios públicos que aquí, pero también lo es que los millonarios que allí residen tampoco usan las escuelas o los hospitales estatales.

Lo que sí bate récord mundial es la alícuota del impuesto a las ganancias a las empresas: llega hasta el 35%, un nivel sólo igualado por Estados Unidos entre las economías desarrolladas y las latinoamericanas.

Centavo

El economista argentino más consultado por organismos internacionales para comparar la tributación en Latinoamérica, Juan Carlos Gómez Sabaini, opina que “no se puede bajar un centavo los impuestos porque la Argentina tiene un déficit alto”. En cambio, considera que “hay que fortalecer la recaudación de los impuestos a los ingresos y al patrimonio”. Es decir, los tributos a las ganancias y a los bienes personales. Esto último va a contramano de lo que hizo Prat-Gaycuando impulsó el blanqueo de capitales: él quería eliminar Bienes Personales a partir de 2019 y en el Congreso se acordó reducir la alícuota del 0,75% en 2016 al 0,5% en 2017 y al 0,25% desde 2018. “Hay que ampliar la base de contribuyentes e incorporar más elementos gravables, todo aquello que está exento, impuestos que pagan unos y otros no. En eso se van 3 puntos del PBI”, opina Gómez Sabaini.

De Ganancias están librados los intereses de títulos públicos y los de los depósitos bancarios y las obligaciones negociables (ON, títulos de deuda de empresas) percibidos por personas, la explotación de los derechos de autor y propiedad intelectual, la renta proveniente de la compraventa de acciones y otros títulos transados en la bolsa, los ingresos del personal del Poder Judicial, hay una deducción para los empleados en la Patagonia y otra para los intereses de préstamos hipotecarios pagados por individuos. De Bienes Personales se encuentran exentos los depósitos bancarios y los títulos públicos. No por nada los que sí adhirieron a la amnistía fiscal están ahora desesperados por invertir su patrimonio en bonos del Estado porque se dieron cuenta de que sus colocaciones en bancos del extranjero rinden menos que lo que deben abonar de impuesto. Además hay regímenes de promoción industrial, minera, del software, Tierra del Fuego, los bosques cultivados, la importación de piezas para construir buques, los biocombustibles, las energías renovables, las pymes, los empresarios jóvenes, la investigación científica y la educación técnica.

Evasión

Gómez Sabaini sostiene que además la AFIP debería combatir mejor la evasión de la economía en negro y también de la que está en blanco, desde las grandes empresas que manipulan los precios de transferencia hasta los profesionales que no dan factura. Otro economista de consulta internacional, Darío Rossignolo, coincide en que debe reforzarse el control de la AFIP y celebra los nuevos acuerdos mundiales de intercambio de información tributaria.

“La presión tributaria en la Argentina es la adecuada en relación a parámetros internacionales, en cuanto al PBI per cápita y las necesidades de gasto”, opina Rossignolo. “El tema es cómo está distribuida. Hay sectores que pagan muchos impuestos, incluidas personas y empresas del sector formal, y otros que no pagan, desde sectores informales hasta sectores de altos ingresos que encuentran formas de evadir o de eludir enviando las rentas a inversiones exentas. Hay impuestos distorsivos que desincentivan la formalización, la inversión y la oferta de trabajo. Habría que avanzar hacia la eliminación del impuesto al cheque y a los ingresos brutos, reemplazarlos por un impuesto al consumo, gravar más a las personas de más altos ingresos y menos a las empresas, bajar los impuestos al trabajo de pymes”.

“El crecimiento de la presión tributaria desde la década del 90 (12% del PBI) hasta hoy explica el avance en indicadores como índice de desarrollo humano de la ONU y la inversión en educación en nuestro país”, defiende Adrián Falco, coordinador de la Fundación SES. “Además, un trabajador destina casi el 50% de su salario a impuestos y una empresa, sólo 30%, sin contar el dinero que fuga mediante maniobras para reducir su base imponible”, sostiene Falco. El debate está servido.

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