Verónica Grondona *

Los eurodiputados de la Izquierda Unida Confederada y la Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL) comisionaron una serie de estudios vinculados a las problemáticas reveladas en las filtraciones de los Panama Papers, así como en las anteriores filtraciones de Luxemburgo (LuxLeaks) y de Suiza (conocidas como Swiss Leaks o caso HSBC), entre otras. El primero de estos estudios fue realizado por Richard Murphy – profesor de la City University de Londres, contador, uno de los fundadores de la Red de Justicia Fiscal (TJN) y Director de Tax Research UK- y Saila Naomi Stausholm — candidata a doctorado de la Escuela de Negocios de Copenhague, que participa en el proyecto Coffers para combatir el fraude fiscal y empoderar a los reguladores-, titulado ‘The Big Four – A study of Opacity’ (en castellano, “Las Cuatro Grandes, un estudio sobre la opacidad”) fue publicado el miércoles 5 de julio pasado.

Se conoce como las “4 Grandes” o “Big 4″ a las más grandes auditoras y consultoras legales y fiscales del mundo, EY, KPMG, Deloitte y Pricewaterhouse Coopers. Estas empresas brindan un amplio rango de servicios que van desde la auditoría y planificación fiscal y financiera, hasta consultoría para gobiernos y tienen un tamaño que excede por lejos aquel de cualquier otra firma auditora, o asesor legal o fiscal en el mundo. Tal es así que, tal como detalla el estudio de Murphy y Stausholm, KPMG, la más chica de estas cuatro Grandes, factura 25 mil millones de dólares a nivel mundial, mientras que las dos empresas que les siguen, BDO y Grant Thornton, facturan 7,6 mil millones y 4,8 mil millones respectivamente.

A partir de esta seguidilla de filtraciones que se han dado a nivel internacional, sumada a las políticas neoliberales con foco en la austeridad y en aumentar la recaudación a partir de una mayor presión en los individuos y en las pequeñas y medianas empresas, varias organizaciones no gubernamentales comenzaron a enfocarse más y más en los últimos años en exigir a los gobiernos normas que transparenten las contribuciones al fisco que realizan las multinacionales, y los grandes ricos; pero también que regulen más a los facilitadores y promotores de las estructuras elusivas que sirven para la fuga de capitales, evasión, elusión, y lavado de dinero.

Es así como la OCDE desarrolló entre 2013 y finales de 2015 un plan de acción para combatir la erosión de la base imponible y el desvío de utilidades, conocido como Plan de Acción BEPS, que más allá de las debilidades de un plan orquestado por un organismo no representativo para los países en desarrollo que contiene algunas debilidades de base significativas, incluyó en su Acción 13 la recomendación –impulsada por las ONGs de justicia fiscal- de que todos los países exijan a las grandes empresas la presentación pública de un “Informe País por País” (CBCR, por sus siglas en inglés), con los detalles de los activos, número de empleados, ingresos, e impuestos pagados en cada jurisdicción del mundo en la que operan.

Desde finales de 2015, 51 países han incorporado, con algunas variantes, la exigencia de este informe país por país, y 8 se encuentran en proceso de implementarlo. Argentina pensaba implementar este informe país por país a finales de 2015, pero actualmente el gobierno se está haciendo el desentendido.

En 2015, los informes país por país de los más grandes bancos europeos fueron hechos públicos por primera vez. Oxfam analizó dicha información en un estudio publicado en marzo de 2017 para analizar las actividades de los bancos en las guaridas fiscales y observó que los 20 mayores bancos europeos registran cerca de 1 de 4 Euros de sus ganancias en guaridas fiscales. Esta es la importancia de este reporte país por país que permite revelar el accionar en las guaridas fiscales de los promotores y facilitadores de la evasión fiscal, la elusión fiscal, el lavado de dinero y la fuga de capitales.

Sin embargo, a las firmas auditoras, que prestan a su vez servicios de planificaciòn tributaria que resultan en que los muy ricos y las más grandes multiancionales del mundo terminen no pagando prácticamente nada de impuesto a las ganancias a nivel mundial (como fueron los casos revelados en su momento de Google, Starbucks, Amazon, pero a los que también podrían sumarse empresas como Molinos con casa matriz en Argentina, entre muchas otras), aún no se les ha exigido nada similar al informe país por país.

Y es que, tal como revela el estudio de  Richard Murphy y Saila Naomi Stausholm, estas firmas se declaran como independientes por no siempre tener control accionario, aun cuando utilizan la misma marca y se encuentran bajo el mismo control administrativo. De esta manera logran proteger la confidencialidad de sus clientes ante posibles auditorias tributarias, pero también eludir las normas de algunos países que exigen la separación de actividades de auditoría y asesoramiento tributario.

Este estudio de GUE/NGL revela una serie de hallazgos que incluyen por ejemplo que se encuentran muy sobre-representadas en las guaridas fiscales cuando se las compara con la población y PBI de estas jurisdicciones, tal es así que las 4 Grandes tienen más empleados en Luxemburgo, las Islas Caimán y Bermuda, que en cualquier otro país del mundo. Las 4 grandes tienen oficinas en 43 de las 53 jurisdicciones opacas identificadas por el índice de secretismo financiero de TJN, pero estas empresas no proporcionan información transparente acerca de las jurisdicciones en las que operan ni la cantidad de empleados que tienen.

Estas empresas pueden salirse con la suya porque la regulación de las firmas auditoras y prestadoras de servicios de asesoría fiscal, cuando es realizada a nivel local únicamente, es inapropiada para controlar grupos transnacionales que pueden estar arbitrando entre las legislaciones de las jurisdicciones en las que operan de la misma manera en que asesoran a sus clientes en materia de planificación fiscal.

Por lo tanto, este informe recomienda que estas firmas sean definidas como encontrándose bajo un control común (es decir, como grupos económicos); sean otorgadas licencias para operar como entidades únicas en la Unión Europea (y no separadamente en cada estado); se les requiera, como condición sine qua non para el otorgamiento de licencias, separar a nivel mundial sus servicios de auditoría de otros servicios profesionales; se les requiera presentar estados financieros consolidados globales (que abarquen todas sus actividades a nivel mundial); y se les requiera presentar el informe país por país.

*Asesora del Grupo GUE/NGL en relación con los Panama Papers