Mientras lee este artículo una flota de volquetes mineros con capacidad cada uno de transportar dieciséis toneladas de broza aurífera recorren sin parar, como si se tratase de un copioso ejército de zompopos preparándose para la temporada lluviosa, un camino de tierra que cruza la carretera que conecta a los municipios chontaleños de La Libertad y Santo Domingo. El material que transportan todos los días y noches procede de este último municipio, en donde una compañía de origen canadiense explota desde hace tres años una mina a cielo abierto en el sitio conocido como Tajo Jabalí Central. Detrás de sí, estos leviatanes metálicos dejan un paisaje radicalmente distinto y a un poblado entero bajo una inquietante incertidumbre sobre su futuro.

La gran minería metálica atraviesa una de sus mejores épocas en la historia. Con altos precios del oro en el mercado internacional y niveles récords en producción y exportaciones de oro y plata, por lo que las transnacionales operando en el país están recuperando rápidamente sus inversiones debido a las extraordinarias ganancias obtenidas. Además, la política gubernamental de incentivos al sector redunda en la generosidad, máxime cuando es muy probable que estas inversiones se habrían concretado de todas maneras sin los beneficios fiscales que rebajan la carga del impuesto a la renta que paga el sector hasta un modesto cinco por ciento.

La retórica del Gobierno y de las cámaras empresariales es que la minería genera progreso, desarrollo, bienestar al país y a los municipios mineros y es lo que necesitamos para salir de la pobreza, mientras las estadísticas oficiales reflejan que la minería en su conjunto no genera ni el uno por ciento de los empleos formales, ni el dos por ciento del PIB, ni el dos por ciento de la recaudación de impuestos, siendo un sector poco conectado con el resto de la economía (principalmente la minería metálica).

Ambientalistas y movimientos sociales por su lado, reclaman el abandono de las instituciones públicas en relación con sus demandas de información pública, transparencia y rendición de cuentas, respeto a la propiedad privada y comunal, respeto a los derechos humanos y la reversión delos impactos al medio ambiente que genera la minería industrial.

Mientras todo esto sucede, la conflictividad social no parece dar tregua en la medida que la frontera minera se abre camino sobre territorio virgen o sobre aquellos sobre explotados alguna vez, dando lugar a la organización social y comunitaria de ciudadanos dispuestos a “defender sus territorios”, de acuerdo con la misión del nuevo Movimiento Nacional Frente a la Minería Industrial (MONAFMI). El conflicto social ha migrado a occidente con pobladores de Mina La India que se oponen al inicio de operaciones de un proyecto minero de capital británico, pero sigue latente en los municipios de Santo Domingo y Rancho Grande. Y todo indica que también se trasladará al Jícaro, donde otra empresa extranjera pretende reanudar operaciones en la alguna vez explotada Mina San Albino.

Desde las instituciones de gobierno, sin embargo, se responde con la aprobación de una nueva ley que crea una empresa pública que pondrá a disposición de mineros industriales, bajo un esquema mixto de inversión pública-privada, unos 15,000 km2 de área considerada “reserva minera del Estado”, de las cuales cerca de un veinticinco por ciento se encuentran en áreas protegidas y territorios indígenas. Y casi simultáneamente, derogan el Sistema de Evaluación Ambiental, bajo el pretexto de volver más eficiente la burocracia detrás de los permisos ambientales y atraer más inversión generadora de empleos.

Todo apunta a que el conflicto socio ambiental de la minería escalará. Las posturas de los actores involucrados parecen irreconciliables. Mientras algunas propuestas de sociedad civil giran en torno a restringir la minería a las áreas donde históricamente se ha extraído minerales, coexistiendo como hasta ahora con la pequeña minería y la minería artesanal, otras voces demandan el cese de nuevos proyectos mineros, inspirados por procesos externos de largo aliento como el que recién culminó en El Salvador con la aprobación de una ley que prohíbe la explotación minera en todas sus modalidades.

Bajo este contexto, ¿es posible que los actores involucrados emprendan un proceso de diálogo, mediante el cual se llegue a consenso genuino, altamente participativo e inclusivo, mediante el cual se defina la organización económico-territorial de los llamados distritos y prospectos mineros y la gobernanza democrática de los recursos minerales? ¿Es posible que el Estado de Nicaragua participe más de la renta minera, sin tener que ceder más territorio a la minería un alto costo de oportunidad?

En un país en donde se profundiza la crisis ambiental, este diálogo es más que pertinente y justo, principalmente para evitar que los impactos socio-ambientales de la minería industrial se conviertan en una carga muy pesada para las próximas generaciones.