Pese a que cada año Nicaragua pierde millones de dólares por la manipulación de precios mediante la sobrefacturación en las exportaciones e importaciones, las autoridades continúan destinando menos del dos por ciento del Presupuesto General de la República a sus principales entes recaudadores, según reflejan cifras oficiales.

En el 2018, cuando se espera se aplique de lleno la nueva regulación conocida como Precios de Transferencia, que está siendo implementada desde junio pasado por la Dirección General de Ingresos (DGI), esta entidad solo recibirá el próximo año un aumento del 3.2 por ciento en su asignación con relación al monto de este año.

Según el proyecto de presupuesto del próximo año, que aún está en consulta en la Asamblea Nacional, la DGI tiene asignado 531.86 millones de córdobas, equivalentes al 0.61 por ciento del Presupuesto de gasto global, que ascenderá a 87,125 millones de córdobas.

En términos absolutos, la DGI deberá avanzar en la implementación de dicha regulación fiscal con un aumento real de 16.7 millones de córdobas adicionales a este año, pese a que los especialistas en este tema han advertido que la regulación de Precios de Transferencia es costosa y compleja en su aplicación.

La regulación sobre Precios de Transferencia se recoge en el Capítulo V de la Ley de Concertación Tributaria (LCT).

Esta afecta principalmente las operaciones de las multinacionales que están en Nicaragua, porque el Fisco a través de diversos métodos de control comprobará que los precios de las transacciones de estas estén acorde al mercado y no manipulados (subvalorados o sobrevalorados) en colusión con sus casas matrices para evadir o reducirse el pago de impuestos en Nicaragua.

Aunque oficialmente se desconoce cuánto le cuesta al país esta manipulación de precio, un análisis de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe sobre flujos financieros ilícitos en la región, establece que por esta razón Nicaragua entre 2004 y 2014 perdió 714.6 millones de dólares por sobrefacturación de exportaciones y 994.1 millones de dólares en las importaciones.

Lo anterior equivale al 2.1 por ciento del Producto Interno Bruto y al 0.2 por ciento del total de la región fugado por este factor.

Sector privado a la espera

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, dijo esta semana que aunque ya han recibido algunas inquietudes sobre la interpretación de esta regulación, será hasta que concluya el actual año fiscal cuando se podrá saber si existe alguna deficiencia en su aplicación.

“Los Precios de Transferencia entraron en vigencia y lo que entendemos es que hasta que corresponda en el periodo fiscal que sería dentro de un año cuando se sepa si hay problemas. Pero no nos podemos adelantar porque no ha sucedido que se haya dado alguna revisión de parte de las autoridades o que se haya tomado alguna resolución”, explicó Aguerri.

Según el dirigente empresarial, de momento solo queda esperar a que las empresas presenten su primera declaración fiscal bajo esta modalidad, para determinar si es necesario hacer alguna aclaración sobre las posibles interpretaciones que se pueden hacer, en torno al mecanismo.

Cuestionan métodos

En el artículo 100 de la Ley de Concertación Tributaria se establecen los mecanismos que se aplicarán para la implementación de esta regulación. Estos son: métodos de precios comparables no controlados, método del costo adicionado, método del precio de reventa, método de la partición de utilidades y método del margen neto de la transacción.

María Félix Estrada, subdirectora de capacitación del Instituto Nicaragüense de Investigaciones y Estudios Tributarios (Iniet), indica que los métodos que tomó en cuenta el país para aplicar a los Precios de Transferencia no son eficientes para evitar la fuga de flujos financieros.

“No tenemos claro el rumbo de los Precios de Transferencia. La normativa que se aplicó o el articulado que se aprobó para los Precios de Transferencia son en realidad un corte y pegue de un modelo que surge en la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos), ese es un modelo básico, pero la experiencia internacional te ha demostrado que esos cinco métodos están totalmente desfasados, para evitar la fuga de capital”, puntualizó Estrada quien recientemente participó en la séptima Conferencia de Transparencia Financiera, realizada en Finlandia por la Coalición de Transparencia Fiscal, que aglutina a organismos de diferentes partes del mundo.

“Con estos cinco métodos es muy difícil ubicar el precio de libre mercado de un determinado producto porque tenés que tener una base completa y actualizada que te logre demostrar cuál es el precio de mercado de productos similares que está utilizando tu competencia, entonces tendríamos que tener una base de datos computarizada que arroje estos datos, eso es muy complicado, es por eso que se aplica el método argentino que es mucho más fácil que estar haciendo comparaciones que tomás en cuenta cuánto vale la bolsa de oro o el barril de petróleo a nivel internacional y así se determina el precio”, explicó Estrada.

La especialista dice que no se van a ver frutos de esa ley mientras no se establezcan correctamente los parámetros y mecanismos de aplicación de esta regulación.

Gobierno no contempla impacto fiscal aún

De hecho en el presupuesto de la DGI del próximo año y en el de mediano plazo, el Gobierno no hace referencia a esta regulación y tampoco está incorporado dentro de los indicadores de recaudación por tipo de impuestos estimados sobre captación de fondos.

“Se ha pedido a través de la sociedad civil que los Precios de Transferencia no puede ser una normativa general, tiene que ser especializada por sectores (…) por ejemplo en el caso de la minería necesitas tener regulaciones, peritos, valores especializados en ese sector, además que entiendan (los fiscalizadores) cuáles son los mecanismos que ellos ocupan (en la aplicación de esta regulación)”, resaltó Estrada.

Según la Cepal Nicaragua es uno de los veinte países en desarrollo con mayor pérdida fiscal entre 2002 y 2006 y está enfocado más en la manipulación del comercio. En la región, según este organismo, la manipulación de los precios se concentra principalmente en productos como combustibles y aceites minerales y su destilación, hierro acero, cobre y sus manufacturas, entre otros.

“Nicaragua ocupa la posición 41 en materia de flujos financieros ilícitos, esto quiere decir que es un nivel preocupante por el cual Nicaragua necesita trabajar mucho más en cuanto a sus regulaciones en materia de tributación internacional, para fortalecer todo el engranaje jurídico que necesita el país para evitar que se fuguen estos capitales que deberían estar siendo percibidos por el Estado como ingresos tributarios”, alerta Estrada.

¿Por qué debe importar?

María Félix Estrada, subdirectora de capacitación del Instituto Nicaragüense de Investigaciones y Estudios Tributarios, recuerda que “cuando tenemos una elevada fuga de capital que por ende son menos ingresos tributarios, lo que sucede es que tenemos menos ingresos en nuestro Presupuesto General de la República que se traduce en menos educación, menos salud e infraestructura no estamos cumpliendo las metas de desarrollo por eso se necesita fortalecer el sistema jurídico para que logremos crecer y desarrollarnos como país”.

DGSA con aumento tímido

La Dirección General de Servicios Aduaneros (DGSA) recibirá el próximo año 814.011 millones de córdobas en asignación presupuestaria, equivalente al 0.93 por ciento del total de los egresos públicos.

El monto asignado es superior en 79.7 millones de córdobas comparados con los 734.31 millones de córdobas de este año.

Lo anterior representa un crecimiento del 10.85 por ciento en el periodo analizado, según recoge el proyecto de presupuesto 2018.

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