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Movilización nacional en Costa Rica contra el paquete fiscal promovido por el Gobierno y el Partido Acción Ciudadana (PAC)3 min de lectura

Jorge Coronado Marroquín, CNE Costa Rica / Latindadd

El pasado martes 13 de diciembre de 2011 miles de costarricenses marcharon contra el paquete fiscal, convocados por la Coordinadora Nacional de Lucha, que integran, entre otros, organizaciones magisteriales como la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), el Sindicato Patriótico de la Educación (SINPAE), a Central General de Trabajadores (CGT), el Sindicato de Empleados de la Universidad de CR (SINDEU), las Federaciones Estudiantiles de la UCR y la UNA y la Comisión Nacional de Enlace (CNE) .

Lo que ha unido a una diversa gama de organizaciones sociales y sindicales ha sido, en primer lugar, la denuncia del actual déficit fiscal, que según datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) es el más alto de América Latina – 5,5% del PIB. Este déficit es el resultado de la irresponsabilidad del gobierno de Oscar Arias, que elevó el gasto público con el impulso de políticas estatales clientelistas y de iniciativas asistenciales dirigidas a sectores populares con fines electorales, que finalmente lograron su objetivo.

El segundo punto de acuerdo social es la comprobación de que el proyecto de paquete fiscal, actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa, está muy lejos de ser una reforma tributaria integral y mucho menos una reforma de carácter progresivo. Según datos del Ministerio de Hacienda, solo uno de los impuestos va a captar el 70% del total de los ingresos de dicha reforma; se trata de una transformación del actual Impuesto de Ventas a Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se plantea sea de un 14% sobre todos los bienes y servicios.

Ese impuesto es de un altísimo carácter regresivo por cuanto lo pagan en forma indiscriminada tanto sectores de bajos como de altos ingresos, por lo que tiene un mayor impacto en los sectores más pobres. A pesar de que el paquete fiscal plantea la creación del impuesto de renta global, un impuesto del 15% a la repatriación de dividendos a las zonas francas y un impuesto a las transacciones financieras, han sido considerados – incluso por la misma administración tributaria – de difícil aplicación por su debilidad administrativa y la falta de instrumentos jurídicos.

Finalmente, no es factible que dichas propuestas lleguen a aprobarse debido a la fuerte presión y chantaje ejercido por poderosos sectores económicos y productivos, principalmente las transnacionales afincadas en las zonas francas. Frente a ese escenario, el movimiento social ha acordado desarrollar dos estrategias de acción, por un lado mantener en forma permanente la movilización social contra el paquete fiscal y por otro lado, avanzar en la discusión interna a fin de alcanzar consensos de lo que debería ser una reforma fiscal y tributaria integral de carácter progresivo, que garantice que cada quien pague impuestos y contribuya fiscalmente al fortalecimiento del Estado y de sus políticas públicas de acuerdo a su capacidad de pago, ingresos y patrimonio.

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