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19/06/2012
Boletín Mayo / Junio 2012
20/06/2012

El parlamento Europeo quiere medidas más fuertes para combatir el fraude y la evasión fiscal4 min de lectura

El parlamento Europeo votó recientemente una resolución pidiendo medidas contra el fraude y la evasión fiscal. La resolución fue aprobada por una mayoría abrumadora de 538 votos, 73 en contra y 32 abstenciones. Esta resolución hace eco de las demandas de redes y organizaciones sociales que trabajan a nivel europeo y global, entre ellas, Eurodad, especialmente en relación a Intercambio Automático de Información Tributaria, informes financieros de empresas multinacionales desglosados país por país, un listado público de todas las empresas y fideicomisos, incluyendo los nombres de sus beneficiarios reales y directores y a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (CCCTB, por su sigla en inglés), entre otras recomendaciones relevantes.

El rol clave del Parlamento

La lucha por obtener informes financieros desglosados país por país y conocer los beneficiarios reales.- Los miembros del Parlamento Europeo desempeñan un rol instrumental en asegurar que la revisión actual de la directivas contables y de transparencia de la Unión Europea combatan la evasión y elusión fiscal de las empresas multinacionales e incluyan una perspectiva de desarrollo.

La Unión Europea está considerando solicitar a las empresas multinacionales que presenten informes financieros desglosados país por país. Mientras éste es un importante paso en la dirección correcta, la propuesta de la Unión Europea está limitada a combatir sólo la corrupción, no la evasión y elusión fiscal. Actualmente, solo requiere la divulgación de los impuestos que las empresas pagan a los gobiernos y no cuánto ganan y por consiguiente cuánto deberían pagar. Con esta resolución el Parlamento Europeo parece dispuesto a fortalecer la propuesta, al incluir información sobre el desempeño financiero necesario para combatir la evasión y la elusión fiscal.

Los individuos con algo que ocultar, pueden establecer una empresa o fundaciones sin revelar que en realidad son ellos los dueños (sujetos vinculados) y quienes las controlan. Luego bren una cuentas bancarias para transferir, invertir y gastar el dinero mal habido. En esta resolución, el Parlamento solicita los listados públicos de todas las empresas y fundaciones, incluyendo los nombres de sus verdaderos dueños y sus administradores. Esto es importante porque en muchos casos en los que el dueño de la empresa no se revela, o una persona se hace pasar por el dueño, se disfraza una amplia gama de actividades criminales.

Este llamado es sumamente oportuno ya que la Comisión Europea publicó recientemente un informe sobre lavado de dinero, incluyendo la transposición de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esto parece especialmente relevante tras las revelaciones del mes pasado alrededor del juicio de James Ibori, ex gobernador del Estado de Delta en Nigeria, que utiliza bancos británicos para esconder dinero corrupto. También se ha alegado que la Institución del Financiamiento al Desarrollo del Reino Unido, invirtió en empresas fantasmas opacas que Ibori controlaba parcialmente. La resolución parlamentaria también solicita a los Estados miembros, renegociar tratados bilaterales con los países fuera de la Unión Europea que podrían alentar la evasión fiscal y asegurarse que las autoridades tributarias tengan recursos adecuados para enfrentar la evasión fiscal transfronteriza.

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que incluye 47 países dentro y fuera de la Unión Europea también aprobó una resolución en favor de una tributación más transparente y esfuerzos para reformas a las jurisdicciones secretas.

Estas resoluciones muestran que el esfuerzo de las organizaciones sociales a lo largo de los últimos años, están comenzando a ganar terreno y creciente reconocimiento de los efectos devastadores de la evasión y elusión fiscal y su rol en la crisis, algo a lo que hacen referencia ambas resoluciones

Aunque la resolución no es un instrumento legalmente vinculante para el resto de las instituciones europeas (Consejo y Comisión), puede construirse presión política como sucedió con la solicitud del Parlamento Europeo por un impuesto regional a las transacciones financieras. Los Estados miembros de la Unión Europea tienen que responder ahora por sus compromisos en relación a la coordinación tributaria.

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