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Las reformas tributarias en América Latina6 min de lectura

Chile, Colombia, Guatemala y Perú se encuentran en estos momentos en pleno proceso de impulsar reformas tributarias. No son los únicos casos en América Latina. Recientemente dos de las reformas aprobadas corresponden a El Salvador y a la provincia de Buenos Aires, la más extensa y poblada de Argentina. Costa Rica y Nicaragua se encuentran en ese mismo camino. Y México celebrará próximamente elecciones nacionales, siendo el tema de la reforma tributaria uno de los que está presente en el debate electoral.

Sin duda, en las últimas dos décadas, los países latinoamericanos han aumentado sus ingresos tributarios, como reflejo de la actividad económica y de reformas que buscaron mejorar la gestión tributaria. Según las estadísticas tributarias presentadas recientemente por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (Ciat) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), el promedio de ingresos tributarios en porcentaje del producto interno bruto (PIB) para 12 países de la región creció casi sin interrupción desde 14,9 por ciento en 1990 a 19,2 por ciento en 2009.

Sin embargo, nuestra región sigue siendo la que menos recauda en el mundo. Todavía estamos muy lejos del  promedio de ingresos tributarios como porcentaje del PIB de los países de la Ocde, que en 2009 fue de 33,8 por ciento.

Las diferencias al interior de nuestra región son aún más reveladoras de esta brecha, ya que Guatemala recaudó en 2009 sólo 12,2 por ciento en relación a su PIB, mientras que Brasil recaudó 32,6 por ciento, el mayor porcentaje y muy cercano al promedio de la Ocde.

Es por esto que, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal recomienda cada vez que tiene oportunidad, la necesidad de tener “reformas tributarias con visión de desarrollo sostenible”. Según sus propias palabras, “se trata de revisar las estructuras recaudatorias y de gasto público para que sean más justas y capaces de obtener los recursos necesarios para enfrentar los retos del desarrollo y el cambio climático”.

Más allá de los objetivos enunciados de cada una de las reformas tributarias aprobadas o en proceso, éstas tienen que ser evaluadas a la luz de su aporte a la justicia y a la equidad del sistema fiscal y tributario. La equidad tiene que ver con que los que ganan poco, paguen poco, y a la vez puedan acceder a servicios públicos de calidad, y en contrapartida, los que ganan más, paguen más. A su vez, las empresas también tienen que ser gravadas de la misma manera progresiva. Está claro que para contribuir con la equidad también es necesario combatir la evasión, la elusión y la informalidad, pero reformas basadas en estas medidas no son suficientes.

En el caso de la reciente reforma tributaria aprobada en la provincia de Buenos Aires, lo que estuvo en juego es el impuesto a la propiedad de la tierra. Los grandes productores rurales, agrupados en la Sociedad Rural Argentina, se resistieron al incremento fiscal propuesto, por ser quienes, relativamente, tendrán que pagar más impuestos. Según Jorge Gaggero, del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (CEFID-Ar), “esta reforma tributaria hace progresivo el impacto del impuesto inmobiliario rural, al diferenciar al pequeño productor del grande.  El que más tiene en términos de propiedades agropecuarias paga más”. De acuerdo a Gaggero, con esta reforma, el 60 por ciento de los contribuyentes no tiene modificación alguna o cae, y sólo el 40 por ciento, que abarca a los medianos y grandes productores, es afectado. El planteo del gobierno provincial parece justo, sobre todo si se considera que el valor patrimonial de la tierra rural de la provincia de Buenos Aires aumentó un 570 por ciento entre 2002 y 2011.

En El Salvador, los recursos fiscales con relación al PIB son de 14,4 por ciento. La reciente reforma aprobada permitirá al fisco recaudar unos 150 millones de dólares anualmente, a partir de elevar de 25 por ciento a 30 por ciento el Impuesto Sobre la Renta sólo a aquellas empresas que tengan una renta gravada anual de más de 150 mil dólares. Aquellas empresas abajo  de este rango seguirán pagando 25 por ciento.

De otro lado, la propuesta de reforma tributaria anunciada en Chile busca aumentar la recaudación entre 700 y 1.000 millones de dólares. La recaudación esperada, que equivale a poco menos del 0,4 por ciento del PIB, provendrá en buena parte de un alza en la tasa de impuesto permanente de las utilidades de las empresas, que subirá de 17 por ciento a 20 por ciento. Con estos recursos se espera financiar la educación, luego de un año de fuertes protestas populares por mayor acceso y calidad de la educación.

En Guatemala, donde acaba de asumir el presidente Otto Pérez Molina, también se plantea una reforma fiscal que entraría en vigor en 2013 y que implica una actualización tributaria del Impuesto Sobre la Renta, modificaciones al Impuesto al Valor Agregado, Sobre Circulación de Vehículos, Sobre Timbres Fiscales y la creación del Impuesto a la Primera Matrícula de Vehículos y la Ley Aduanera Nacional.

En Costa Rica, la presidente Laura Chinchilla impulsa una reforma tributaria para aumentar los ingresos en 2,5 por ciento del PIB. Para conseguir el apoyo de la Asamblea Legislativa la presidente incluiría una reducción de 14 por ciento a 2 por ciento en el Impuesto al Valor Agregado que se cobraría a los servicios privados de educación y salud.

En el Perú, el poder Ejecutivo solicitó recientemente facultades extraordinarias por 90 días calendario para modificar el Código Tributario, y algunos aspectos referidos al Impuesto a la Renta, al Impuesto General a las Ventas, al Impuesto Selectivo al Consumo y al Impuesto Temporal a los Activos Netos. El aspecto que más resalta en el proyecto de ley es el referido a la fiscalización, las sanciones e infracciones a los que evaden impuestos. Según el propio ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, la reforma que se propone en el Perú persigue reducir la evasión del Impuesto a la Renta del 50 por ciento al 30 por ciento en 2016 y del Impuesto General a las Ventas del 35 por ciento al 25 por ciento.

La gran reforma fiscal pendiente es la de México. En la necesidad de una reforma integral coinciden los tres candidatos favoritos para ganar en las presidenciales de julio. El candidato del partido de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, coincide con sus rivales en la simplificación administrativa, pero se separa de ellos cuando afirma que busca una reforma que elimine los privilegios fiscales.

Está claro que cualquier intento de realizar una reforma tributaria integral plantea una batalla ideológica (y política) para que los distintos actores sociales entiendan por qué una sociedad debe pagar impuestos. Cada  una de las propuestas genera diferentes reacciones de la clase política y de los sectores económicos y sociales.

El problema principal es qué tan profundos son los cambios planteados y qué tanto se contribuye al aumento de la equidad, quienes son los afectados y los beneficiados con las reformas.

Editorial / Red de Justicia Fiscal

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