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Seis casos de descentralización fiscal en América Latina5 min de lectura

Un reciente estudio hecho por Alberto Flores para la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd) reúne interesantes datos sobre descentralización tributaria en Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Brasil. Si bien hay avances en muchos de estos países, el reto sigue siendo conectar este proceso con la mejora de las condiciones de vida de la población.

Alberto Flores

Si bien el proceso de descentralización política y fiscal en América Latina se inicia en la década de los ochenta, es recién en los últimos diez años que se profundiza este proceso. En algunos casos con modificaciones constitucionales y en otros solo con reformas legales. Sin embargo, es poco el impacto realmente alcanzado en la mejora de la calidad de vida y en la reducción de la pobreza y desigualdad. Los datos que registra el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Mundial así lo demuestran.

Al medir la disponibilidad de recursos de los gobiernos subnacionales en seis países de la región como expresión cuantitativa del proceso, encontramos lo siguiente:

Chile:

La centralización política y fiscal aun se mantiene. En lo político, el Intendente Regional y el Gobernador Provincial son designados directamente por el Presidente de la República. En lo fiscal, el bajo nivel de transferencias del gobierno central a los gobiernos subnacionales, en relación con su Producto Bruto Interno (PBI), expresan poca voluntad descentralista.

Bolivia y Ecuador:

En estos dos países se han aprobado nuevas constituciones, las mismas que se orientan al federalismo fiscal. En Bolivia, se establece potestad tributaria a los gobiernos subnacionales para establecer impuestos con algunos límites legales. En Ecuador, se otorga potestad a las municipalidades para establecer tasas en tres impuestos previstos por ley. En el primer caso, el nivel de transferencias a los gobiernos subnacionales ha alcanzado el 9 por ciento del PBI (ligeramente por debajo de Brasil 9.1 por ciento). Cualquier demanda adicional de recursos que tengan éstos, debe utilizar este instrumento fiscal.

Colombia:

Las modificaciones constitucionales de los años 2007 y 2011, y su respectivo desarrollo legislativo, se han orientado a establecer cinco mecanismos de monitoreo y control sobre la aplicación de los recursos del Sistema General de Participaciones y del Sistema de Regalías que se transfieren a los gobiernos subnacionales. Para el primer caso, el monitoreo está a cargo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y en el segundo, a cargo del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación de las Regalías. Estos cambios tienen el objetivo de asegurar la calidad y cobertura de los servicios públicos e inversiones e infraestructura a cargo de los gobiernos subnacionales. Con ello se coadyuva a la mejora de la calidad de vida y reducción de la pobreza de la población.

Brasil:

Brasil cuenta con un sistema federal de gobierno que asegura la autonomía tributaria de los gobiernos subnacionales y el régimen de transferencias intergubernamentales. En este último caso, la unión transfiere a los Estados y municipalidades, recursos generados por cuatro impuestos (renta, productos industrializados, operaciones financieras y territorio rural). A su vez, los Estados transfieren a las Municipalidades la participación de éstas en los recursos generados por dos impuestos: circulación de mercancías y servicios, y propiedad de vehículos automotores.

Perú:

El proceso de descentralización fiscal se ha retomado para profundizarlo. En ese camino podemos identificar la modificación constitucional del año 2002, la elección de presidentes regionales en el año 2003 y, recientemente, la conformación (Ley de Presupuesto 2012) de una Comisión Multisectorial para evaluar e implementar medidas que profundizan este proceso. Esta comisión busca asegurar recursos financieros para los gobiernos subnacionales (i) con la asignación de tributos o transferencias predecibles y reglas pre-establecidas para los Gobiernos Regionales y (ii) con la reestructuración del sistema tributario y del sistema de transferencias en el caso de las Municipalidades. El objetivo es aprovechar el potencial tributario que da el actual espacio fiscal local y al mismo tiempo, hacer más equitativa la distribución de recursos de coparticipación. Cabe señalar que el sistema de transferencias vigente se ha distorsionado por la diversidad de criterios e indicadores utilizados para la distribución de recursos. Ello ha generado desigualdades horizontales entre las localidades, situación que se ha agravado en los últimos años. En esta situación se pueden encontrar municipalidades con alto potencial tributario, pero que por el sistema de transferencias reciben más recursos que otras localidades en extrema pobreza carentes de potencial tributario. Situación similar se produce en el caso de los gobiernos regionales.

Algunas reflexiones:

Se hace necesario un alineamiento del proceso de descentralización fiscal hacia la mejora y bienestar de la población. Independientemente del tipo de descentralización que se implemente, se requiere compararla contra elementos medibles, a fin entenderla y evaluarla.

Por ello, la solución de fondo está en el diseño de una institucionalidad política de la descentralización, que logre alinear los incentivos de los agentes políticos con los intereses y bienestar de la ciudadanía. Para ello se requiere incorporar, como complemento al proceso actual de descentralización fiscal, elementos de descentralización de segunda generación, pasando de la administración y distribución de recursos, al diseño y administración de incentivos, y así obtener resultados medibles y beneficios concretos de este proceso.

Fuente: Economía Crítica

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