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Intercambio automático entre recaudadores9 min de lectura

Entre la dinámica unilateral estadounidense de exigir transparencia a sus residentes con dinero en el extranjero y los avances del intercambio automático multilateral encomendado impulsados por el G-20, muchos de los países en desarrollo se vienen subiendo al tren internacional de la transparencia tributaria, aunque otros queden fuera.

Renaud Fossard[1]

Los Estados Unidos han logrado el acceso a la información tributaria de sus contribuyentes que tienen dinero guardado en América Latina y otras partes del mundo gracias a la aplicación de su ley FATCA desde el año pasado. Esta ley impone sanciones a las entidades financieras y otras empresas extranjeras en las que los residentes norteamericanos tengan plata y que no respondan a las solicitudes de información de la Internal Revenue Service (IRS), institución que recauda los tributos en ese país. Asimismo, FATCA cuenta con dos modelos, el primero en el que hay un acuerdo de intercambio de información recíproco y automático con las diversas administraciones tributarias. El otro modelo no incluye a la autoridad tributaria nacional, sino solo al sector privado de cada país. En ese caso el trato es directo entre la IRS y las empresas financieras.

La locomotora FACTA

Solo el mes pasado, el gobierno estadounidense llegó a un acuerdo de intercambio automático y reciproco de información, FATCA Modelo 1, con dos países estratégicos en América Latina: el Perú y Panamá. Esos acuerdos se suman a otros acuerdos con países no menos importantes para los Estados Unidos, como Brasil, Colombia, Islas Vírgenes Británicas, Jamaica y México.

Si a ello se suma Costa Rica y Honduras quienes ya firmaron anteriormente, son nueve los países de la región que van a intercambiar información tributaria de manera automática con Estados Unidos, aunque no entre ellos.

Por otro lado, en el caso chileno se optó por FATCA Modelo 2, es decir será el sector privado de ese país el que directamente envíe información a la IRS. En ese caso, la administración tributaria chilena no recibiría algo parecido. Lo que pasa es que el secreto bancario en Chile está al nivel constitucional y eso restringe las posibilidades de un envío de información según los estándares de la ley FATCA.

Sin embargo, Chile tendrá que hacer modificaciones a esta restricción si quiere seguir negociando temas de transparencia tributaria en foros mundiales como el Global Forum on Tax and Transparency (impulsado por la OCDE) y la Alianza del Pacifico.

De otro lado, hay países como Argentina no han firmado un acuerdo FATCA por la razón inversa. En este caso es el propio Estados Unidos el que tiene reparos a la hora de firmar un acuerdo reciproco y dar a la Argentina la información sobre sus contribuyentes que han trasladado su dinero al país del Tío Sam. Y sin esa reciprocidad, Argentina ni firmará. Eso demuestra que la transparencia tributaria puede derivar rápidamente en un asunto político, más que en un técnico. 

FATCA a la vanguardia de la OCDE

¿Por qué firmar un acuerdo de intercambio automático de información tributaria (IA) bilateral con los Estados Unidos cuando se podría hacer uno multilateral que ofrezca información de al menos 47 países incluidos paraísos fiscales como Luxemburgo, Singapur o Suiza?

 

Es que con FATCA no hay mucho que elegir. O firmas o tus empresas pagaran 30 por ciento de multa sobre sus transacciones hechas en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo hará el Perú con su acuerdo FATCA teniendo también un secreto bancario fuertemente regulado? Sin duda tendrá que usar su creatividad ya que ha suscrito un FACTA Modelo 1 con Estados Unidos.

Un poco de historia

Antes del FATCA, existía un intercambio de información tributaria previa petición, que aún sigue siendo promovido la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Este modelo ve limitada su eficiencia en particular para los países en desarrollo, quienes en general no tienen las fuerzas para negociar muchos ni buenos acuerdos. Bajo este modelo de previa petición, se logra conseguir algo de información, armando toda una labor de inteligencia financiera para después iniciar  trámites interminables con administraciones extranjeras. De esta manera, este tipo de intercambio es poco útil para muchos gobiernos.

Hasta que Estados Unidos impuso la ley FATCA al mundo y los demás países tuvieron que pensar cómo adaptarse al intercambio automático allí propuesto. Eso significa recolectar toda la información bancaria sobre los extranjeros en su territorio y enviarla inmediatamente a su país de origen sin que se lo pidan. Recibir también automáticamente la información sobre sus propios contribuyentes en el extranjero y entonces disfrutar de esa nueva inteligencia.

Las ventajas de este intercambio son tantas en términos de nuevo ingresos en varios países, que de pronto se armó una dinámica multilateral en el marco del Global Forum de la OCDE. Basta decir que el 6 de mayo pasado, 47 países, incluidos los del G-20, se comprometieron a implementar el nuevo estándar de intercambio automático que elaboró en febrero pasado la OCDE (ver declaración ministerial), no obstante de seguir defendiendo el intercambio previa petición. 

Emergentes a la OCDE

En América Latina los primeros firmantes del nuevo estándar son los miembros del G-20 (Brasil, México y Argentina) y de la OCDE (Chile y México). Pero hay otros países cercanos a la OCDE como Colombia, que incluso participan activamente en la dirección del grupo de trabajo sobre el nuevo estándar. También está Costa Rica que hace pocos años atrás todavía sufría el fuego del G-20 por ser un territorio no cooperativo de la famosa lista gris, como se llama de modo eufemístico a los paraísos fiscales.

La presencia de eso dos países en el grupo de los pioneros y la reciente suscripción del Perú al acuerdo FATCA corresponden en realidad a una clave política. Esos tres países quieren entrar a la OCDE, siguiendo el ejemplo de Chile, que está allí más por tener un mercado muy abierto a las empresas transnacionales que por haberse industrializado y desarrollado como sus pares de la OCDE.

En el caso colombiano, la administración tributaria (DIAN) ha recibido el respaldo político de su gobierno por ir a la cabeza en los temas de fiscalidad internacional y en particular por la lucha contra la elusión tributaria de las transnacionales que ha emprendido.

La lista gris

Con las listas grises del 2007, el G-20 logró hacer firmar acuerdos de intercambio de información a territorios que nunca antes habían intercambio nada con nadie. Algunos incluso a la fuerza. Es el caso de Costa Rica, con sus vecinos Belice, Guatemala, El Salvador o Panamá, y de otro lado Uruguay.

Costa Rica parece haberse animado por esos procesos internacionales pues desde entonces ha mostrado señales de voluntad para entrar a la OCDE, encontándose ahora en el grupo de primeros firmantes del estándar multilateral.

Así hay dos grupos de países metidos en este tema. En el primer grupo están los emergentes en el G-20 y los  miembros o candidatos a la OCDE, que avanzan hacia el intercambio automático. En el segundo grupo, los pequeños territorios poco transparentes obligados al intercambio previa petición. 

Fuera de juego

A parte de El Salvador que entró recientemente por su propia iniciativa en el Global Forum y Honduras que tuvo que firmar FATCA con Estados Unidos, ¿qué otros países en desarrollo, no emergente ni candidatos a la OCDE, ni particularmente opaco, están por sumarse al estándar multilateral? ¿Qué hay de Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Paraguay o Venezuela? No parecen estar negociando FATCA ni tampoco han entrado en los procesos del Global Forum con los países opacos. Mucho menos están en el grupo de trabajo sobre el tema dentro de la OCDE.

A pesar de que Ecuador y Venezuela si intercambian información tributaria previa petición en varios espacios y con varios países, y sus autoridades tributarias hacen seguimiento a la tributación internacional, no todos los países que están fuera del proceso tienen las fuerzas humanas y financieras para entrar en los procesos intensos de la OCDE en tributación internacional, en particular en el grupo sobre IA multilateral.

Se requiere inclusión

El nuevo estándar global IA multilateral une hasta ahora 47 países, y su implementación supone un nivel técnico y de infraestructura mínimo en los sistemas tributarios nacionales. Además, contiene tantas condiciones de confidencialidad que muchos países en desarrollo con sistemas débiles, pocas capacidades de administración tributaria, y falta de prioridad política en el tema de tributación internacional, se están quedando afuera. Es el caso también de varios países no solo de la región, sino de África y Asia.

Los procesos de consulta de la OCDE en el marco de su proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) para los países en desarrollo por la OCDE, que incluyen el tema del intercambio de información, no han logrado mucha convocatoria. En especial, los más pobres no son tomados en cuenta.

Es posible también que en el caso latinoamericano, los países que quedan fuera estén esperando procesos más legítimos a través las Naciones Unidas o los espacios regionales. Y eso ya es un tema más político.

En efecto, el rechazo de los Estados Unidos en firmar un acuerdo FATCA recíproco con Argentina es muestra de ello. Así intereses políticos pueden condicionar la transparencia tributaria y bancaria. A lo mejor una iniciativa regional en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en este tema, apoyada por las competencias del CIAT pueda animar a los latinoamericanos que miran de perfil este proceso.

En todo caso, lo menos que se puede pedir es que el proceso de consulta de la OCDE permita a todos los países en desarrollo involucrase y negociar en igualdad de condiciones. Urge que los procesos internacionales respecto al intercambio automático de información tributaria se reformen para involucrar a más países.

[1] Analista en tributación internacional de la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd).

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