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Transparencia fiscal en las democracias modernas3 min de lectura

En la actualidad es muy frecuente que la mayoría de los ciudadanos se encuentren desencantados por la democracia. Tal parece que la etimología del término —“el poder del pueblo”— dista considerablemente de ser una realidad, pues cada vez que hay comicios se asiste con entusiasmo a la elección de nuevos funcionarios públicos que, en la mayoría de casos, terminan tomando decisiones de espaldas al interés público.

Por Rommel Rodríguez (*)

¿Cómo cambiar esta realidad? ¿Cómo contribuir desde la ciudadanía a alcanzar, aunque sea gradualmente, ese “poder del pueblo”? Si se considera a la democracia simple y llanamente como la celebración de elecciones periódicas, se está frente a un callejón sin salida. Pueden realizarse muchos comicios, y como ha sucedido hasta ahora, los funcionarios electos terminan resolviendo asuntos públicos en función de sus intereses personales, muchas veces contrario al interés público. Sin embargo, si se considera la democracia como ese régimen político que persigue y garantiza el cumplimiento de todos los Derechos Humanos para cada uno de los ciudadanos, se está frente a una concepción diferente que alude a la “sustancia de la democracia”.

La democracia se torna en algo hueco y vacío si los ciudadanos no cuentan con las condiciones para el pleno ejercicio de sus libertades. Esto supone no sólo el mantenimiento de las libertades civiles y políticas propias de la democracia formal, sino también el cumplimiento por parte de los Estados de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Que los ciudadanos tengan una respuesta efectiva por parte de los Estados en el cumplimiento de los derechos que mejoren su nivel de vida y el bienestar social.

La transparencia fiscal juega un rol relevante en este ámbito, pues una ciudadanía informada de la asignación de recursos mediante los presupuestos públicos, conocedora del sistema impositivo que rige en el país, y de la estructura de cargas y beneficios que se han establecido históricamente en la sociedad, podrá incidir con un mejor conocimiento en cambios que contribuyan al cumplimiento de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Sin duda que para esto se torne una realidad, también es necesario que el gobierno abra sus finanzas al escrutinio público, que los ciudadanos tengan acceso a información relevante. De hecho, la mayoría de las Constituciones de los países de América Latina establecen este derecho, el cual los ciudadanos deben aprovechar para solicitar información a los gobiernos en todo aquello que les interese en lo referente a las finanzas públicas.

Saber cuánto se gastó, cómo se financió, quién lo gastó y por qué se gastó, es una información que los Estados deben conceder a la ciudadanía. Es mediante la transparencia fiscal que se solivianta el ánimo de los funcionarios públicos, pues la ciudadanía está informada y pendiente del quehacer de ellos: de cómo gastan los recursos públicos, de por qué establecen impuestos y eliminan otros. Es decir, la transparencia fiscal contribuye a que “el poder del pueblo” se traduzca gradualmente en una realidad.

(*) Rommel Rodríguez es investigador del Área Macroeconomía de la Fundación Nacional para el Desarrollo – Funde El Salvador

Publicado en Economía Crítica

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