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Declaración: Vínculos entre flujos ilícitos, políticas tributarias y justicia de género13 min de lectura

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Declaración preparada por un grupo de participantes de la Conferencia de la Coalición por la Transparencia Financiera y Latindadd “Dinero oculto, recursos ocultos: cómo financiar el desarrollo de manera transparente” Lima, 14 – 15 de Octubre de 2014.

¿Por qué ocuparnos por los vínculos entre flujos de capitales ilícitos, políticas tributarias y justicia de género?

 

La pérdida de ingresos tributarios debido a la evasión y la elusión fiscal internacional disminuyen considerablemente los fondos disponibles para financiar las políticas orientadas al cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y las niñas y la justicia de género.

Debido al carácter estructural de la desigualdad de género y su intersección con otras categorías como la edad, la raza-etnia y la orientación sexual y el ingreso, las mujeres en la mayoría de las sociedades siguen estando sobrerrepresentadas en los quintiles más bajos de la distribución del ingreso, siguen siendo las principales responsables del trabajo no remunerado y  de cuidados, siguen estando concentradas en los empleos más precarios y peor remunerados, siguen siendo minoría en los espacios de representación y dirección en ámbito político, laboral o territorial, siguen enfrentando la violencia de género, la trata, el tráfico y siguen viendo limitados sus derechos sexuales y reproductivos y su autonomía.

Bajo la jurisprudencia internacional de derechos humanos, los estados tienen la obligación de movilizar los máximos recursos disponibles, incluso a través de la lucha contra la evasión y elusión fiscal para implementar políticas públicas orientadas a garantizar los derechos humanos de las mujeres y las niñas. La intervención del estado en áreas como la protección social, la diversificación productiva y el empleo, la educación, los cuidados, la salud sexual y reproductiva son fundamentales para revertir las múltiples discriminaciones y desigualdades de género de forma estructural. Cuando el estado no moviliza los recursos suficientes o provee servicios poco accesibles y de baja calidad, las desigualdades de género se perpetúan o se exacerban.  A su vez, en un contexto donde el sector privado y las instituciones multilaterales promocionan las alianzas público-privadas como estrategia privilegiada para financiar el desarrollo, el combate de los flujos financieros ilícitos es una alternativa para aumentar sustancialmente los niveles de recaudación de los estados y proporcionar los recursos necesarios para cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos y no discriminación.

La evasión y elusión fiscal  internacional tiene impactos negativos en la equidad vertical, en las brechas norte/sur y en la progresividad de los sistemas tributarios de los países en desarrollo que afectan desproporcionalmente a las mujeres.

La evasión y la elusión fiscal no sólo afectan la equidad horizontal ya que individuos y empresas con la misma capacidad de pago no están contribuyendo de la misma forma, sino también reduce los impactos redistributivos de la política tributaria.  De acuerdo al informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Extrema pobreza y Derechos Humanos, la evasión y elusión fiscal de las corporaciones e individuos con altos ingresos obliga a los gobiernos a aumentar los ingresos de otras fuentes,  a menudo a través de los impuestos regresivos, donde la carga más fuerte cae sobre las personas más pobres. Por lo tanto, si los Estados no abordan el fraude fiscal, es probable que beneficien de forma desproporcionada a los individuos ricos en detrimento de los más desfavorecidos (A/HRC/26/28, 2014, p. 15)[1].

A su vez, los regímenes tributarios tampoco son neutrales al género. Las mujeres y los hombres experimentan el impacto de las políticas tributarias como integrantes de la fuerza de trabajo, como consumidores-as, productores-as y como responsables de las actividades de la “economía del cuidado” dentro y fuera de los hogares. En este sentido estructuras tributarias regresivas tienen impactos desproporcionados en las mujeres. El informe de la Relatora destaca que:

  • Las mujeres tienden a utilizar grandes porciones de sus ingresos en productos de primera necesidad debido a que las normas de género les asignan la responsabilidad del cuidado de las personas dependientes, por lo que cargan con el peso regresivo de los impuestos al consumo”(A/HRC/26/28, 2014, p. 12).
  • Ciertas disposiciones impositivas que directa o indirectamente desincentivan la participación de las mujeres en la fuerza laboral o promueven el modelo familiar con el varón como sostén de la familia pueden amenazar el goce de los derechos humanos de las mujeres.(A/HRC/26/28, 2014, p. 6)[2]
  • Los responsables de políticas deben ser conscientes de hasta qué punto las políticas impositivas, tales como el tratamiento de los ingresos derivados de los activos de propiedad conjunta de parejas casadas, fortalecen o derriban las desigualdades de género, o discriminan a distintos tipos de hogares.(A/HRC/26/28, 2014, p. 13)
  • Los Estados deben revisar las estructuras, los códigos y los instrumentos tributarios sobre los prejuicios de género explícitos e implícitos y garantizar que no se refuercen las desigualdades de género existentes, incluso a través de su impacto en el trabajo de cuidado no remunerado.(A/HRC/26/28, 2014, p. 20).

Por lo tanto, aumentar la base impositiva de forma progresiva implicaría trasladar la carga de los impuestos que pagan las mujeres, las personas que viven en la pobreza y otros grupos marginados como las personas gays, lesbianas y trans que se encuentran en la parte inferior de la distribución del ingreso, hacia sectores altamente rentables como el sector financiero y las industrias extractivas que están siendo beneficiados por incentivos fiscales y subsidios  y que a su vez utilizan estrategias de evasión y elusión fiscal para transferir sus ganancias a jurisdicciones fiscales con baja o nula tributación.

Para combatir la evasión y elusión fiscal y sus impactos en la capacidad de los estados de garantizar los derechos humanos y especialmente de las mujeres y reducir las desigualdades a nivel global, es necesariorevertir “la carrera a la baja”, avanzar hacia un nuevo contrato social que pase de la competencia impositiva  a la cooperación impositiva; y hacia la transparencia y disponibilidad pública de la información financiera.  Además, se debe enfrentar a la red de facilitadores globales (bancos, consultoras, asesores de inversión y asesores legales y fiscales) y jurisdicciones de opacidad  financiera[3] que sirven de guarida tanto al dinero fugado fruto de la evasión y de la elusión fiscal como del dinero proveniente de las redes de narcotráfico, trata de personas (con fines de esclavitud laboral, explotación sexual y tráfico de órganos) que afectan de forma desproporcionada a las mujeres, niñas y niños de los países en desarrollo –el 79% del tráfico humano se realiza con fines de explotación sexual-. Por lo tanto, es necesario un cambio radical en la arquitectura financiera y tributaria internacional orientada al desarrollo, la equidad y los derechos humanos de todas y todos. 

Las siguientes organizaciones adhieren a la declaración:

  • Centre for Budget and Governance Accountability, India
  • Christian Aid
  • Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era (DAWN, por sus siglas en inglés)
  • Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (LATINDADD)
  • Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe
  • Red de Justicia Fiscal (TJN, por sus siglas en inglés)
  • Women for Tax Justice 

PARA ADHERIR A ESTA DECLARACIÓN ENVIAR UN CORREO A: nicole@dawnet.org

[1] A/HRC/26/28. (2014). Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights (No. A/HRC/26/28). Human Rights Council, United Nations. Recuperado a partir de http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session26/Documents/A_HRC_26_28_ENG.doc
[2] Por ejemplo, en el caso del Ecuador, desde 2008, en los hogares con una sola persona perceptora de ingresos, los gastos de la persona dependiente (generalmente  la mujer) pueden ser deducidos en la declaración de impuestos de la persona contribuyente. En cambio, si la persona dependiente ingresa al mercado laboral y su salario no supera la base exenta, los gastos del hogar deben ser deducidos por ambos contribuyentes por separado. Esto implica que el pago de impuestos tiende a ser mayor para el primer contribuyente porque no puede deducir los gastos de la persona que ingresa al mercado laboral. Fuente: Vásconez, Alison y Paola, Gutiérrez (2010). “Rupturas y continuidades del sistema tributario y de transferencias en Ecuador: Análisis y propuestas” en Fiscalidad y Equidad de Género, María Pasos Morán y Maribel Rodríguez. Madrid, España: Fundación Carolina. CeALCI.
[3] La Red de Justicia Fiscal elabora el Índice de Secreto Financiero donde clasifica a distintas jurisdicciones en función del nivel de opacidad y la escala de la actividad desarrollada. Mayor información: http://www.financialsecrecyindex.com/
 

 

Statement: Links between illicit flows, tax policies and gender justice

 

Statement prepared by a group of participants of the Financial Transparency Coalition and Latindadd Conference “Hidden Money, Hidden Resources: Financing Development with Transparency” Lima, 14 – 15 October 2014. 

Why tackle the links between illicit capital flows, tax policies and gender justice?

 

The loss of tax revenues due to international tax evasion and avoidance significantly reduce the funds available to finance policies aimed at fulfilling the human rights of women and girls and gender justice.

Due to the structural nature of gender inequality and its intersection with other categories such as age, race-ethnicity, sexual orientation and income, women in most of societies continue to be overrepresented in the lowest quintiles of the income distribution, continue to be the most responsible  for unpaid and care work, continue to be concentrated in the most precarious and poorly paid jobs, are still a minority in the spaces of representation and leadership in political, labor or territories, still face gender-based violence, human trafficking, and continue to have their sexual and reproductive rights and autonomy limited.

Under international human rights law, states have the duty to mobilize the maximum available resources, including through combating tax evasion and avoidance, to implement public policies for the realization of the human rights of women and girls. State intervention in areas such as social protection, productive diversification and employment, education, care, sexual and reproductive health are essential to reverse multiple discrimination and structural gender inequalities. When the state does not mobilize sufficient resources or provides inaccessible and low quality services, gender inequalities are perpetuated or exacerbated.  In turn, in a context where the private sector and multilateral institutions promote public-private partnerships as a privileged strategy to finance development, combating illicit financial flows is an alternative to substantially increase state revenue and provide the necessary resources to fulfill state obligations concerning human rights and non-discrimination.

International tax evasion and avoidance has negative impacts on vertical equity, in the North / South gap and the progressiveness of the tax systems of developing countries that disproportionately affect women.

Tax evasion and avoidance not only affect horizontal equity as individuals and companies with the same capacity to pay are not contributing in the same way, but also reduces the redistributive impact of tax policy.  According to the report of the Special UN Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights, “tax abuse  by corporations and high net-worth individuals forces Governments to raise revenue from other sources: often through regressive taxes, the burden of which falls hardest on the poor. Therefore, if States do not tackle tax abuse, they are likely to be disproportionately benefiting wealthy individuals to the detriment of the most disadvantaged” (A/HRC/26/28, 2014, p. 15)[1].

In turn, tax regimes are not gender neutral. Women and men experience the impact of tax policies as part of the workforce, as consumers, producers and as responsible for the “care economy” within and outside households.  In this sense, regressive tax structures have disproportionate impacts on women.

The Rapporteur’s report notes that:

  • “Women, who tend to use larger portions of their income on basic goods because of gender norms that assign them responsibility for the care of dependents, bear the regressive brunt of consumption taxes”(A/HRC/26/28, 2014, p. 12).
  • “Certain tax arrangements that directly or indirectly disincentivize women’s participation in the labour force or promote the male bread-winner family model could threaten women’s enjoyment of human rights”.(A/HRC/26/28, 2014, p. 6)[2]
  • “Policymakers should be aware of the extent to which tax policies, such as the treatment of income derived from jointly-owned assets of married couples, strengthen or break down gender inequalities, or discriminate against different types of households”(A/HRC/26/28, 2014, p. 13)
  • States must review tax structures, codes and instruments for explicit and implicit gender bias and ensure they do not reinforce existing gender inequalities, including through their impact on unpaid care work.(A/HRC/26/28, 2014, p. 20)

 Therefore, increasing the tax base in a progressive way would imply shifting the burden of taxes away from  women, people living in poverty and other marginalized groups such as gays, lesbians and trans who are at the bottom of the income distribution towards highly profitable sectors such as the financial sector and the extractive industries that are benefiting from tax incentives and subsidies and using  strategies of tax evasion and avoidance to shift their profits to low-tax jurisdictions.

To combat tax evasion and avoidance and their impacts on the ability of states to guarantee human rights, and especially women’s rights, and reduce inequalities at the global level, it is necessary to reverse the “race to the bottom”, to move towards a new social contract that shifts from tax competition to tax cooperation, and towards transparency and public availability of financial information.  Furthermore, the global network of  facilitators (banks, consulting firms, investment advisors and legal and tax advisors) and financial  secrecy jurisdictions[3] that serve as a den for both capital flight as a result of tax evasion and avoidance and money from networks of drug trafficking and trafficking in human beings (for labor slavery, sexual exploitation and trafficking of organs) that disproportionately affect women and children in developing countries -79% of trafficking in human beings is performed for the purpose of sexual exploitation- must be confronted. Therefore, we need a radical change in the international tax and financial architecture oriented towards development, equity and human rights for all.

The following organizations endorse the statement:

  • Centre for Budget and Governance Accountability, India
  • Christian Aid
  • Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN)
  • Red latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (LATIDADD)
  • Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe
  • Tax Justice Network
  • Women for Tax Justice
[1] A/HRC/26/28. (2014). Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights (No. A/HRC/26/28). Human Rights Council, United Nations. Recuperado a partir de http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session26/Documents/A_HRC_26_28_ENG.doc
[2]  For example, in the case of Ecuador, since 2008, in households with one person perceiving income, expenses of the dependent person (usually the woman) can be deducted in the tax return of the taxpayer person. However, if the dependent person enters the labor market and his/her salary does not exceed the base exempted, household expenses should be deducted by both taxpayers separately. This implies that the payment of taxes tends to be greater for the first taxpayer because he/she can not deduct the expenses of the person entering the labor market. Source: Vásconez, Alison and Paola, Gutiérrez (2010). “Ruptures and continuities of the tax and transfer system in Ecuador: Analysis and Proposals” in Taxation and Gender Equity, María Pasos Morán and Maribel Rodríguez. Madrid, Spain: Fundación Carolina. CeALCI.
[3] Tax Justice Network elaborates a Financial Secrecy Index ranking jurisdictions according to their secrecy and the scale of their activities. More information available at_ http://www.financialsecrecyindex.com/

 

TO ENDORSE THIS STATEMENT PLEASE SEND AN EMAIL TO: nicole(@)dawnnet.org

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