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Cómo ocultan su dinero los corruptos8 min de lectura

Cuando los controles anticorrupción fracasan y cuando los corruptos logran desviar los fondos públicos, cometer fraude o pedir sobornos, se enfrentan igualmente al desafío de qué hacer con su botín. Obviamente, un funcionario público corrupto tiene todos los incentivos para esconder al público el hecho de que se está volviendo rico. Esto es cierto, especialmente, si el enriquecimiento no es coherente con su salario oficial y si ocurre muy rápidamente, lo cual haría que quede sometido a un escrutinio riguroso de las autoridades, los medios y el público en general.

En un post anterior, analicé los riesgos de corrupción en el sector de recursos naturales y la forma en que la transparencia puede ayudar a mitigarlos. En el post se analiza el caso del hijo de un presidente africano, que habría robado millones pertenecientes a su país para comprar propiedades lujosas, incluso en Estados Unidos. Esto suscita la pregunta: ¿Cómo es posible que un funcionario público extranjero pueda blanquear las ganancias de sus delitos en los Estados Unidos?

true_ben3La respuesta tiene mucho que ver con el dilema del prisionero. Aquí se explica el por qué.

Cuando los controles anticorrupción fracasan y cuando los corruptos logran desviar los fondos públicos, cometer fraude o pedir sobornos, se enfrentan igualmente al desafío de qué hacer con su botín. Obviamente, un funcionario público corrupto tiene todos los incentivos para esconder al público el hecho de que se está volviendo rico. Esto es cierto, especialmente, si el enriquecimiento no es coherente con su salario oficial y si ocurre muy rápidamente, lo cual haría que quede sometido a un escrutinio riguroso de las autoridades, los medios y el público en general.

El lavado de dinero es el proceso mediante el cual los delincuentes vuelven a incorporar las ganancias de sus delitos en la economía legal para disfrazar tanto el origen ilícito de los fondos como su identidad. Generalmente, esto ocurre a través de empresas fantasma. Estas empresas no tienen operaciones independientes, negocios en curso ni empleados, y se crean con el único objetivo de tener la propiedad de un activo (por ejemplo, una residencia de vacaciones con piscina o un yate). Las empresas fantasma se utilizan para disfrazar la identidad del propietario real de un activo (quién técnicamente, se conoce como “beneficiario efectivo” – beneficial owner en inglés), es decir, la persona que finalmente obtiene el beneficio del activo. Ese que nada en la piscina y que toma mojitos en el yate. Para ser claros, mientras que estas estructuras corporativas son utilizadas frecuentemente por los corruptos (ver por ejemplo, las acusaciones contra la FIFA), también benefician a los narcotraficantes y traficantes de armas, los evasores de impuestos, la delincuencia organizada y los terroristas.

Un funcionario hipotéticamente corrupto que busca blanquear el producto de un soborno puede pedir ayuda a un especialista (generalmente conocido como Proveedor de Servicios Corporativos, PSC) para crear una empresa fantasma o, mejor aún, una red de empresas fantasma ubicadas en distintas jurisdicciones, para poder ser propietario de la residencia de vacaciones o el yate.

En muchos casos, estas empresas se crean con el nombre de otra persona. Una opción es usar a un familiar o amigo del funcionario público. Pero esto también puede generar preguntas y alertas. Otra estrategia es contratar a alguien para que sea el dueño de la empresa o engañarlo para lograr ese objetivo. Puede ser alguna persona que no tenga ningún tipo de relación con el beneficiario efectivo de manera que, aunque se realice una investigación, no podrá brindar información para identificar al beneficiario. Finalmente, algunas personas que realizan lavado de dinero confían en los PSC que están dispuestos a crear empresas sin recopilar información sobre la identidad de los beneficiarios. Esto hace que el beneficiario efectivo sea prácticamente imposible de rastrear, aunque se realice una investigación (vea un informe detallado y un documental fascinante sobre este tema).shutterstock_111822179

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) obtuvo una base de datos confidencial (llamada Offshore Leaks) con información de más de 100 mil empresas fantasma constituidas en las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, las Islas Cook, Singapur y otras jurisdicciones, comúnmente consideradas paraísos fiscales, y de sus beneficiarios efectivos. Los periodistas de la ICIJ, asociados con colegas de otros países, tomaron esta base de datos como punto de partida para investigar a las empresas fantasma y a sus dueños con el objetivo de documentar docenas de supuestos casos de corrupción, malversación, fraude y evasión de impuestos, ya que la base de datos incluye correos electrónicos y otros archivos que relacionan a personas de alto perfil con empresas fantasma (vea un ejemplo aquí).

Bueno, posiblemente piense que el uso de estas empresas fantasma y el ocultamiento de sus beneficiarios efectivos es una práctica que sólo existe en pequeñas islas tropicales, comúnmente conocidas como paraísos fiscales o jurisdicciones secretas. Pero esto no es del todo cierto. Por ejemplo, un estudio detallado publicado por la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (StAR, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial en 2011 divulgó que de una base de datos de 150 casos de corrupción de alto nivel que involucraban un total de 817 empresas fantasma, 102 se habían constituido en Estados Unidos, primero en la lista de jurisdicciones utilizadas con más frecuencia por personas que realizan lavado de dinero.

Ciertamente, la falta de transparencia de los beneficiarios efectivos no es solo un problema de los países que tradicionalmente son considerados paraísos fiscales. Por ejemplo, una investigación reciente llevada a cabo por el New York Times en Estados Unidos reveló las identidades de personas de todo el mundo que han estado comprando propiedades inmobiliarias de lujo en Manhattan cuyo valor es de varios millones de dólares. Estas investigaciones han demostrado supuestos vínculos entre las empresas fantasma utilizadas para comprar departamentos y casas de lujo y políticos, empresarios y personas con conexiones políticas que a menudo se sospecha que están involucrados en transacciones corruptas. Las autoridades de Estados Unidos recién ahora están dando los primeros pasos para frenar el lavado de dinero en el sector inmobiliario, como se muestra en este informe.

El uso de propiedades inmobiliarias para el lavado de dinero tiene un objetivo claro: no es que todos los delincuentes anhelan tener una vista del Hudson o del Támesis. Más bien, las propiedades inmobiliarias lujosas se pueden alquilar y, una vez que han sido compradas, generan un movimiento de efectivo totalmente legítimo.

Estas situaciones existen porque EE.UU., al igual que la mayoría de los países, no ha logrado aún implementar una legislación adecuada sobre la transparencia de los beneficiarios efectivos que ayude a evitar el uso de empresas fantasma para blanquear fondos ilícitos. En particular, los estados de Delaware, Nevada y Wyoming han sido señalados en los medios y por los expertos por el grado de confidencialidad significativo que otorgan a las personas que buscan ocultar su identidad.

Act-Beneficial-Ownership-Transparency-652El tema de los beneficiarios efectivos se ha vuelto tan importante en los esfuerzos internacionales por evitar el lavado de dinero y los flujos financieros ilícitos que el G7 se ha comprometido a aumentar la transparencia en esta área en reiteradas ocasiones, incluso en su Cumbre más reciente en Alemania. Varios países han manifestado su voluntad de crear registros de información sobre beneficiarios efectivos, es decir, establecer la obligación legal para todo aquel que constituya una empresa de revelar ante las autoridades el beneficiario efectivo real y de registrar su nombre en un registro público. Sin embargo, con algunas excepciones, poco se ha hecho.

Para América Latina y el Caribe este es un problema fundamental. La región es vulnerable a movimientos ilícitos de corrupción, narcotráfico y delincuencia organizada. Algunos países de la región han estado sometidos a una vigilancia rigurosa por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Por otro lado, también ha habido un gran compromiso con el objetivo de mejorar, como se puede apreciar, en el caso de Nicaragua, que ha sido eliminada de la lista gris del GAFI recientemente con asistencia técnica del BID.

¿Qué ocurre con el dilema del prisionero? Muchos países, no solo de la región de ALC, han sido reacios a ser los primeros en actuar y adoptar un registro de beneficiarios efectivos porque lo ven como una posible desventaja competitiva. ¿Por qué una pequeña isla del Pacífico o del Caribe debería ser la primera en establecer un registro de beneficiarios efectivos y arriesgarse a perder inversión extranjera, si ni Estados Unidos ni el Reino Unido tienen uno?

¿Pero qué pasaría si la lógica se revirtiera? ¿Qué pasaría si los países de América Latina y el Caribe estuvieran entre los primeros del mundo en implementar un registro de beneficiarios efectivos? Como yo lo veo, esto podría ser una oportunidad maravillosa para que los países de la región reafirmen su compromiso de lucha contra la corrupción en un momento muy delicado mientras que, al mismo tiempo, se anticiparían a muchos países que pertenecen a la OCDE y se presentarían como líderes en una de las áreas más críticas de la política de lucha contra la corrupción.

Francesco de Simone

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