01160117

Con la contratación de obras públicas en el centro de la escena, la organización internacional líder en la lucha contra los paraísos fiscales, la Tax Justice Network (TJN), saludó la iniciativa de 37 municipios de España para crear zonas libres de paraísos fiscales. “Esta iniciativa muestra que es posible actuar a nivel local, municipal, provincial y nacional en la lucha contra los paraísos fiscales. Es cierto que se necesita un acuerdo supranacional para terminar a nivel global con este fenómeno. Pero dados los intereses creados en países como Estados Unidos y el Reino Unido, centrales en la dinámica de los paraísos fiscales, es importante avanzar también por otros caminos. Y dado el peso económico de la contratación de obras públicas a nivel municipal o provincial hay acá un espacio en el que los Estados pueden actuar de manera eficaz en la lucha contra los paraísos fiscales”, indicó a Cash Naomi Fowler de Tax Justice Network (TJN) en Londres.

Un decreto en mayo pasado de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, lideró esta iniciativa que está expandiéndose por todo el territorio español y es analizada por otras municipalidades europeas. El decreto estipula que “los licitadores, contratistas o subcontratistas o empresas filiales o empresas interpuestas no pueden realizar operaciones financieras en paraísos fiscales”. Estas firmas deberán declarar si tienen intereses en paraísos fiscales, sea de la compañía a nivel individual o del grupo empresarial al que pertenezcan. En caso de que mientan la alcaldía podrá rescindir el contrato y se impondrán “penalidades” incluida la pérdida del derecho a contratar en todo el territorio.

En base a esta iniciativa y con el auspicio de Oxfam Intermonon, la Plataforma para la Justicia Fiscal de España (que reúne a sindicatos, movimientos sociales y ONG) y la Catalan Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental I Solidaria, unos 37 municipios se han comprometido a crear “zonas libres de paraísos fiscales”. En la lista figuran las principales ciudades de España, desde Madrid y Barcelona hasta Sevilla, Alicante y Zaragoza.

“Hay un compromiso de estos ayuntamientos de incluir en sus reglamentos de contratación cláusulas para evitar que participen compañías que tengan vínculos con paraísos fiscales. El siguiente paso es que se hagan efectivos estos compromisos con cambios concretos en la reglamentación. Acá hay un tema técnico. Por ejemplo, en la contratación se exigen estándares de calidad para la ejecución de una obra pública. El hecho de que una empresa opere en un paraíso fiscal no dice nada sobre la calidad de ejecución, que puede ser buena, sino sobre la posible evasión fiscal. Muchas veces es difícil de incluir cláusulas sociales que no estén directamente relacionadas con el objeto del contrato o prestación de servicios”, explicó a Cash Miguel Ángel Alba de Oxfam Intermon en Madrid.

Barcelona es la vanguardia de este proceso. La capital catalana procesa anualmente unos 12.500 contratos que van desde servicios de barrido y limpieza urbana hasta obras públicas. El gerente de economía del Ayuntamiento, Jordi Ayala, y el director de coordinación de Contratación, Francisco Blanco López, explicaron a Cash los alcances de este decreto. “Se concentra en la contratación pública, pero su voluntad va más allá. Queremos llegar a todo el ámbito de la contratación municipal, desde subvenciones hasta contratos con entidades financieras. En estos momentos estamos renovando las contrataciones para las amortizaciones de deuda con entidades financieras y se han incluido en los contratos estas cláusulas respecto a los paraísos fiscales. Haremos todo lo posible en el marco de lo que nos permite la ley española y europea. Esperamos que sirva a otros municipios”, indicaron.

Las cifras son importantes y marcan un nuevo horizonte en la lucha contra los paraísos fiscales. Los 12.500 contratos anuales de Barcelona representan más de 1000 millones de euros. Según Oxfam el conjunto de la obra pública en España, equivale a una cuarta parte de su PIB. En la Unión Europea en su conjunto se calcula que un 16 por ciento de su PIB se destina a la adquisición estatal de bienes y servicios. Los intereses en juego son muchos, pero las dificultades no se limitan a este terreno.

Uno de los estudiosos de estas iniciativas, Matti Ylönen, de la Universidad de Helsinki en Finlandia, señala que el potencial es enorme, pero habrá que sortear muchos obstáculos en el camino. “Las campañas de justicia fiscal se han concentrado mucho en la legislación a nivel nacional e internacional. Estas nuevas iniciativas marcan un cambio. Pero a veces esto es más fácil de hacer que de decir. Helsinki y Malmo hicieron estudios de factibilidad para cambiar sus reglas de procuración de contratos públicos. A nivel legal el estudio concluyó que es muy difícil argumentar que el pago impositivo o la transparencia corporativa son rasgos de los productos o servicios que procura contratar la autoridad. Desde ya que no es la última palabra. Pero será necesario encontrarle la vuelta legal a las actuales reglas”, escribe Ylönen.

Marcelo Justo