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03/07/2018

Empresas opacas, dinero negro4 min de lectura

Cómo avanzan en el mundo para evitar que se creen empresas o fideicomisos sin tener que revelar quién se esconde detrás de esa entidad. Un funcionario puede crear una firma y ser su propio contratista

Por Adrián Falco* y Andrés Knobel**

La corrupción, la evasión y el lavado de activos generan indignación en la sociedad pero al mismo tiempo impotencia y escepticismo. Semejante reacción reside en la evidencia de que algunos sectores del poder político parecen estar más interesados en beneficiar los intereses financieros y privados, que en fortalecer organismos de control o legislar sobre el poder corporativo. Aunque no existen soluciones mágicas, tampoco es necesario una revolución cultural para lograr avances en el control de los flujos financieros ilícitos. Con mucho menos se puede empezar a obtener resultados.

El denominador común entre todos estos delitos tiene que ver con la opacidad y el secreto. Ninguno de los criminales actúa en nombre propio y a plena luz del día. Los más sofisticados recurren a los servicios de contadores, auditores y abogados que diseñan a medida las complejas estructuras donde la identidad de sus clientes se oculta detrás de prestanombres y guaridas fiscales.

Mientras que cualquier individuo pueda crear empresas o fideicomisos en el país sin tener que revelar quién se esconde detrás de esa entidad, resultará prácticamente imposible investigar los delitos financieros. Alguien puede crear una empresa, no para abrir una oficina y contratar empleados, sino para emitir facturas falsas por servicios inexistentes, permitiendo a otros evadir impuestos. Un empresario tiene la posibilidad de utilizar una compañía para simular el pago de un servicio aunque en realidad se trata de un soborno. Un funcionario podría crear una firma solo para contratarse a sí mismo (o a un familiar) en una licitación pública, sin que se note el conflicto de intereses. Los narcotraficantes pueden crear empresas para adquirir casas, aviones o autos de lujo sin revelar su identidad. Cuando las autoridades o los periodistas quieran encontrar al responsable, solo verán el estatuto de una empresa, donde los dueños son otras empresas, y así hasta el infinito, sin poder identificar quién era la persona de carne y hueso que realmente estaba al frente de esa entidad.

Por este motivo, países europeos empezaron a exigir que cualquier individuo que quiera crear una empresa deba revelar su identidad. De lo que se trata es de controlar, regular y en última instancia desalentar la utilización de sociedades opacas o la utilización de testaferros. Así, para adquirir inmuebles o para ganar una licitación pública, o incluso para constituirse y tener validez legal, las entidades deben revelar a sus “beneficiarios finales”. El objetivo es visibilizar a las personas que realmente y en última instancia, controlan y se benefician de las actividades de la empresa. El Reino Unido tiene un registro que es público, gratuito, online y en formato de datos abiertos. Eso permitió a organizaciones que forman parte de la Financial Transparency Coalition cruzar datos del registro con otras bases de datos públicas y así detectar casos de información falsa, personas que aparecen como propietarios de empresas a pesar de estar bajo la lista de sanciones de las Naciones Unidas y muchos otros “errores” deliberados.

Entre 2017 y 2018, la Unión Europea aprobó una Directiva para que todos los países miembro tengan que establecer estos registros de beneficiarios finales y que sean públicos. Por una ley interna, el Reino Unido le exigirá esto también a sus dependencias, como las Islas Caimán o las Islas Vírgenes Británicas. Incluso países de América Latina como Costa Rica, Brasil y Uruguay ya cuentan con leyes que exigen el registro de estos beneficiarios finales.

Argentina está lejos del ideal. No solo no existe un registro central de beneficiarios finales de las empresas y menos uno que sea público, sino que faltan mecanismos de cooperación e intercambio de información entre las mismas autoridades del país para poder combatir la criminalidad. En el mejor de los casos, se investiga todo como hechos aislados sin ver la complejidad e interrelación de los delitos. En el peor de los casos, no se consigue la información necesaria para investigar o condenar a nadie. Esto repercute en la recaudación fiscal y el financiamiento del gasto en educación, jubilaciones, salud, infraestructura e innovación. Pero las consecuencias no se agotan ahí. La opacidad local y offshore, facilita la fuga de divisas, incrementa la vulnerabilidad externa de la economía. Ofrece además un campo fértil para la corrupción empresarial y gubernamental. Debatir con seriedad estos temas es un desafío para los estados y una gran oportunidad para articular esfuerzos entre gobiernos, sector académico y organizaciones de la sociedad civil.

*Coordinador en Fundación SES
**Miembro de Tax Justice Network

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